Definido como uno de los cambios jurídicos más relevantes de las décadas recientes, a partir de ayer existe un solo Código de Procedimientos Penales en el país. Al firmar el decreto de su promulgación, el presidente Enrique Peña Nieto ubicó su relevancia en la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el acatamiento al debido proceso.

Con el nuevo ordenamiento, apuntó, se establece un sistema de justicia restaurativo y no sólo de represión penal.

En la misma ceremonia, realizada en Palacio Nacional, el mandatario firmó la iniciativa, turnada al Senado, para una Ley de Medios Alternos de Solución de Conflictos, para hacer congruente del Código de Procedimientos Penales con la creación de figuras para llegar a soluciones alternas al conflicto, como la aplicación de un acuerdo reparatorio que podrá darse por mediación o conciliación y evitar que se llegue a una pena de encarcelamiento.

Ante un auditorio conformado, según los maestros de ceremonias, por legisladores, algunos gobernadores, dirigentes de organismos no gubernamentales y trabajadores de las áreas de impartición de justicia, el presidente Peña Nieto definió a este nuevo código como el indicado para fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a escalas estatal y federal.

Con la existencia de una legislación procesal penal única en el país, continuó, más mexicanos gozarán del derecho a una justicia pronta y expedita, porque incluye lineamientos para esclarecer hechos delictivos con mayor rapidez y eficacia y determinar con certeza si existe o no responsabilidad penal.

En suma, apuntó Peña Nieto, se incentiva la denuncia ciudadana, indispensable para cerrar el paso a la impunidad.

Al mismo tiempo, el código reglamentará para todo el país –actualmente existen 33 instrumentos distintos, los de las entidades y el de orden federal– el nuevo paradigma de la justicia penal, acelerará la aplicación del modelo acusatorio adversarial y oral, y para hacer el acceso a la justicia más transparente, ágil y equitativo.

El jefe del Ejecutivo reiteró su interés por ser un promotor decisivo de la aplicación de ésta y las demás reformas aprobadas durante su mandato, si bien convino en que disponer de un marco legal moderno y eficaz es esencia, pero representa apenas “el primer paso.

Quienes tenemos responsabilidad pública debemos convertir estos ordenamientos legales en realidades concretas para todas las familias mexicanas, dijo.

En la ceremonia sólo hubo dos oradores. El otro fue el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

El fiscal instaló a México ante el reto de concretar una nueva forma de hacer justicia, de lograr un sistema penal eficaz, transparente, armónico con la realidad y el tiempo del país, afín a los más altos estándares establecidos en materia de protección de derechos humanos.

Por ello, resumió, el nuevo código define con precisión competencias ante los distintos actores del proceso judicial; causa impacto en la investigación de los delitos para darle peso a la investigación previa científica; genera las condiciones para un mejor procedimiento, y entiende, define y protege los derechos de las víctimas y de toda persona sujeta a proceso penal.