or primera vez en la historia, más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral de América Latina. Ya son más de 100 millones, y ese número seguirá aumentando en los próximos años, como resultado de un proceso imparable.

Pero el terreno conquistado tras décadas de esfuerzos no puede ocultar que la igualdad de género aún es un desafío para los países de la región.

Hay un largo camino por recorrer para aprovechar mejor el potencial de las mujeres. Ellas estudian más, pero ganan menos y son mayoría entre las personas pobres, las informales y las desempleadas, y enfrentan extensas jornadas por la suma del tiempo dedicado al trabajo y al cuidado de la familia.

La participación laboral de las mujeres latinoamericanas ha aumentado de 49.2 por ciento en 2000 a 52.9 por ciento en 2010 pero aún es inferior a la de los hombres, de 79.6 por ciento. En cambio, la tasa de desempleo de las mujeres de 9.1 por ciento es persistentemente mayor que la de los hombres, de 6.3 por ciento.

Estos indicadores fueron difundidos en un informe sin precedentes realizado por cinco agencias de Naciones Unidas (Trabajo decente e igualdad de género, OIT, CEPAL, FAO, PNUD, ONUMujeres), que recorrieron los países de la región recopilando datos para determinar las dimensiones del desafío de ofrecer más y mejores empleos a las mujeres en el siglo XXI.

El resultado es un retrato de las mujeres en el mundo del trabajo. El informe dice que las mujeres trabajadoras son mayoritariamente urbanas, y siete de cada 10 son adultas en edad reproductiva.

Un aspecto destacable tiene que ver con los niveles de educación alcanzados por las mujeres. El 53.7 por ciento de las mujeres en la población económicamente activa alcanzan 10 o más años de educación formal, en contraste con 40.4 por ciento de los hombres. Además, 22.8 por ciento de las mujeres en la fuerza laboral cuentan con educación universitaria (completa e incompleta), por encima del 16.2 por ciento de los hombres.

Sin embargo, reciben menos ingresos que sus colegas hombres. Aunque la brecha salarial ha disminuido, aún hay mucho por hacer: en el año 2000 las mujeres ganaban 60 por ciento de lo que recibían los hombres, y en 2010, 68 por ciento. Es una diferencia de más de 30 puntos porcentuales.

Asimismo, siete de cada 10 mujeres ocupadas se desempeñan en el sector de los servicios y el comercio, donde las condiciones laborales pueden ser precarias. El 64.6 por ciento de las que trabajan en servicios no tienen contrato, y lo mismo ocurre con 34.8 por ciento de las que trabajan en el comercio.

Aproximadamente 17 millones de mujeres están ocupadas en trabajo doméstico. Es la principal fuente de empleo de las mujeres latinoamericanas, y aunque se han dado pasos importantes para mejorar su situación, es un sector en el que impera la informalidad (70 por ciento).

También hay diferencias entre las mujeres según sus ingresos. La participación laboral de las mujeres de ingresos más altos prácticamente duplica la de las más pobres. Además, la tasa promedio de desempleo entre las mujeres más pobres quintuplica a las de mayores ingresos. El informe alerta sobre la feminización de la pobreza.

La información sobre las mujeres es un llamado a la acción y a no caer en la autocomplacencia por los resultados ya alcanzados.

¿Qué hacer? Hay que recurrir a una combinación de políticas para reducir la desigualdad. Políticas de empleo específicas para promover la incorporación de más mujeres al trabajo en condiciones de igualdad, de promoción de las empresarias y microempresarias, de formación y capacitación para mejorar la transición escuela-trabajo, de cuidado de los niños y división de tareas en las familias, de aumento de la cobertura en seguridad social, de respeto de los derechos laborales, entre otras.

Y, por supuesto, dejar atrás los estereotipos de género.

Hay que estar claros: la incorporación de las mujeres al trabajo en condiciones de igualdad es esencial para enfrentar problemas endémicos de América Latina como son la pobreza y la desigualdad, y para abrir el camino hacia un crecimiento económico sostenible.

* Directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe