El doctor Alberto Jaime Paredes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, afirmó que se requieren reformas a diversos ordenamientos, incluyendo la Constitución, para definir la propiedad del subsuelo en ciudades como la de México, donde actualmente existen más de 25 usuarios del mismo, que van desde líneas de gas, gasoductos, hasta fibra óptica.

Desde épocas inmemoriales, el subsuelo se utiliza para colocar infraestructura municipal, como ductos de agua, electricidad, petróleo y también para el transporte colectivo subterráneo y para túneles carreteros, pero cada vez su uso es más amplio y conflictivo en el Distrito Federal, no sólo porque estos 25 usuarios compiten entre sí, sino porque potencialmente existen muchos más usuarios del subsuelo.

Durante su intervención en el foro El subsuelo como elemento para el desarrollo de la ciudad, organizado por la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa –que preside la diputada Gabriela Salido–, el especialista señaló que hay muchas construcciones subterráneas, pero hay que considerar diversos aspectos técnicos y de planeación del uso de ese espacio para saber en dónde ubicar infraestructura y evitar daños a lo que ya existe o lo que pudiera construirse en el futuro.

Bajo las condiciones actuales, lo primero que se está afectando es a otros usuarios que pudieran también tener el derecho de usarlo para instalar otras líneas de conducción o infraestructura, añadió el catedrático.

Además se requiere un organismo donde se pueda consultar una cartografía de las líneas subterráneas, a fin de que las obras nuevas no afecten otras construcciones; actualmente es muy difícil obtener esta información, necesaria, para planear obras, lo cual es grave.

En la legislación federal no encontramos ninguna ley, código o reglamento que hable específicamente de la propiedad del subsuelo.

El artículo 27 constitucional, en su inciso cuarto, indica que la nación mexicana tiene el dominio de la riqueza del subsuelo; sin embargo, al especificar estas riquezas en ninguna parte habla del espacio del subsuelo, comentó.

Por otra parte, las leyes y ordenamientos reglamentarios son un galimatías que incluso puede llevar a cuestionar si las obras públicas pueden atravesar el subsuelo de cualquier terreno y si el propietario de un predio es también el dueño del subsuelo.

Entre otros aspectos, el especialista mencionó que infraestructura como la de los supermercados bien podría ubicarse en el subsuelo y dejar la superficie para otras infraestructura, cuidando el medio ambiente y la estética de la ciudad.