La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Oceanografía por el presunto delito de lavado de dinero, reveló el procurador Jesús Murillo Karam, quien agregó que el gobierno federal hará todo lo que esté a su alcance para que Petróleos Mexicanos (Pemex) continúe con su actividad normal, utilizando los barcos, plataformas y demás equipo que le brindaba la empresa, la cual fue asegurada la semana pasada.

Cuestionado sobre si los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca (hijos de Marta Sahagún de Fox) son investigados por su presunta participación en en el fraude de Oceanografía en perjuicio de Banamex y Pemex, ya que tuvieron negocios con esta empresa durante el gobierno el primer presidente panista, Murillo respondió: Hasta este momento todavía no tenemos fijada responsabilidad de nadie; no podría yo decir ni sí ni no.

El procurador general destacó que ésta es la primera acción fuerte que ha tenido el gobierno mexicano en contra de un presunto fraude bancario de esta magnitud, y explicó que la acusación es por lavado de lavado de dinero, porque el delito primigenio, que es el fraude, no se queda como tal, sino que fue utilizado de otra manera, en este caso para sacar ventaja de su relación con Pemex.

Asimismo, confirmó que la PGR ya solicitó orden de aprehensión contra el ex dueño de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, y que ya se pidió el apoyo de Interpol para su detención. Estamos trabajando intensamente en este asunto, porque implica no sólo el castigo a la irresponsabilidad, sino también al daño que se causó a los trabajadores de la empresa.

Respecto del asunto Oceanografía, agregó que la intención es que Pemex no frene sus actividades por el presunto delito cometido por esa empresa, que al parecer falsificó cuentas por cobrar con la paraestatal para obtener préstamos ilícitos con Banamex por más de 400 millones de dólares.

“Por eso aseguramos la empresa –dijo en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga–, para que Pemex no se frene en lo que reanuda contratos, porque le costaría mucho dinero al país. En consecuencia, lo que estamos buscando es que la paraestatal continúe con su actividad normal”.

Explicó que el gobierno federal busca asegurar los derechos de los más de 10 mil empleados de Oceanogrfía y, de ser posible, su empleo, así como recuperar los fondos para resarcir los daños.

Agregó que la intención es que los barcos y plataformas de la empresa, que fue intervenida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, sigan funcionando, para evitar el mayor perjuicio posible para los trabajadores, para la empresa y, sobre todo, para Pemex.

El asunto se deriva, en principio, de la averiguación de un problema en cuanto al pago de una fracción de fianzas, que son las que protegen los préstamos que se le hacen a Oceanografía, para lo que podría parecer un poquito de pago provisional mensual respecto de las estimaciones de Pemex, indicó el funcionario.

Agregó que “de la búsqueda de la verdad en cuanto a estos casos entramos al análisis, y nos encontramos con el problema más serio de todos, que era la falsificación de algunas estimaciones, que son las cuentas que se le presentan a Pemex para que las apruebe y, con base en éstas, el banco (Banamex) le prestó a Oceanografía.

Pemex desde luego no reconoció ya algunas de las estimaciones que se presentaban, y determinamos que eran falsas. En función de eso, intervinimos la empresa, concluyó.