Para solucionar el tema de las desapariciones forzadas es necesario que las organizaciones de familiares conformen una comisión nacional de desaparecidos, cuya labor sea presionar a las autoridades para que realicen investigaciones efectivas sobre este delito, lo que las llevaría a convertirse en sujetos activos que cuestionan y exigen, en vez de simplemente dolerse por su pérdida.

Así lo afirmaron los participantes en el Taller sobre mejores prácticas para atención y trato a víctimas de familiares de personas desaparecidas en México, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se analizó cuál debe ser el papel de las organizaciones civiles de víctimas ante la ineficiencia de las autoridades.

Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, propuso durante su intervención que los familiares de las víctimas se agrupen en una comisión nacional de desaparecidos, en la cual participen tres o cuatro representantes del Senado y cuya sede esté en dicho órgano legislativo.

El propósito de esa entidad, explicó, no sería realizar directamente las investigaciones para dar con sus seres queridos, sino presionar a las autoridades encargadas de ello para que realicen su labor sin tardanzas.

Ese organismo, añadió, tendría que ‘‘centralizar’’ todos los casos de desaparición forzada del país –en vez de dejar esa tarea a colectivos o instituciones locales más débiles– y crearía un programa de protección de testigos y denunciantes, con el objetivo de cuidarlos de las amenazas de los grupos trasnacionales de delincuentes.

Dicho esquema, aseguró el especialista en asuntos judiciales, es la ‘‘mejor práctica internacional’’ en la materia y ha dado buenos resultados en países como Chile, Camboya, Sudáfrica y Argentina. En esta última nación, dijo, fue puesto en marcha por organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes de este modo fueron capaces de encontrar a hijos y nietos de varias personas desaparecidas.

“Esta comisión daría seguimiento a causas penales que no se han movido por años. Los países que han aplicado este esquema han salido de estos infiernos a través de soluciones operativas’’, enfatizó.

Juan López Villanueva, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, subrayó la necesidad de que las víctimas sean actores del cambio social y se organicen para exigir al Estado que cumpla con su labor.