Desde los penales mexicanos algunos extorsionadores pueden hacer entre 150 y 200 llamadas al día, se reveló durante la mesa de discusión Análisis de la extorsión en México, algunas recomendaciones para erradicar el fenómeno, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tan sólo el Consejo Ciudadano del Distrito Federal tiene un registro de 50 mil números de teléfonos de extorsionadores pero, de acuerdo con especialistas, no hay combate efectivo, tipificación adecuada del delito ni utilización de las últimas tecnologías para frenarlo, además de que existe debilidad en el sistema bancario mexicano que permite su auge. El fenómeno ha crecido alrededor de 800 por ciento de 1997 a 2013.

Conforme a la encuesta victimológica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se resaltó ayer que casi 6 millones de personas fueron víctimas de extorsión en 2012, lo mismo que alrededor de 290 mil empresas.

A partir del último informe que sobre este delito realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, se precisó que organizaciones de la sociedad civil tienen perfiles muy claros de victimarios y víctimas: los primeros son hombres entre 26 y 35 años y aparentemente no portan armas; el delito se consuma en las casas, entre las 12 y las 18 horas, cuando se encuentran las personas más vulnerables a los intentos de extorsión, como son mujeres y adultos mayores.

Francisco Rivas, director general del Observatorio, indicó que es el segundo delito que más se reporta en el país, a pesar de la cifra negra que al respecto prevalece, porque de cada cien ilícitos que se cometen en esta materia, sólo dos se dan a conocer.

Los datos oficiales mencionan 8 mil 42 denuncias, pero hay disparidad en las entidades, pues hay algunas que reportan todos los datos que se les presentan –incluyendo amenazas– y otras cuando sólo cuando ocurrió la extorsión.

Óscar González, del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, acentuó que pocos esfuerzos se han hecho a escala nacional para realizar un análisis riguroso sobre la problemática y cuestionó que desde el punto de vista legal no se establezca una vinculación entre la extorsión y el secuestro exprés, pese a estar relacionados y al incremento de 800 por ciento en 16 años.

A su vez, Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, cuestionó que el Estado pretenda combatir ese fenómeno con herramientas viejas, cuando las nuevas tecnologías están alcance de los delitos del siglo XXI.

Recordó que en México hay más de 103 millones de celulares y 50 por ciento son de los llamados teléfonos inteligentes.

Mencionó que existe un convenio latinoamericano entre telefónicas para dar de baja aparatos que son robados e inclusive se utilizan para la extorsión, pero no se ha logrado que el sistema financiero también sea corresponsable, a pesar de que cuentas bancarias y cadenas comerciales son utilizadas para cometerlos.

Por su parte, Roberto Ochoa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coincidió que la utilización de nuevas tecnologías, como la geolocalización, da buenos resultados, como se ha comprobado para combatir el secuestro, y se pronunció por un sistema de prevención eficaz, que incluya inhibir señales de celular en los penales.