l ímpetu de la llamada reforma educativa parece haberse desinflado. Todavía hace poco, al final y comienzo de septiembre y a pesar de las ingentes protestas, los legisladores del PRI, PAN y una mayoría del PRD luchaban denodadamente por encontrar un lugar (Banamex finalmente sirvió) donde, como fuera, completar la aprobación del paquete de leyes secundarias. Unos días más tarde, el seis, Peña Nieto le dio al tema dimensiones mundiales cuando en la reunión del G-20 en Rusia decidió contestar a los maestros que le pedían que no promulgara las leyes: “no hay marcha atrás –dijo–, la reforma va y habrá de promulgarse”. Esta voluntad se subrayó dramáticamente el 13 de septiembre cuando granaderos, tanquetas con cañones de agua, helicópteros y tropas de asalto contra manifestaciones mostraron que tratándose de violencia también el Estado podía agregar la suya, como si hiciera falta en un país cansado de contar sus miles de muertos, secuestrados y huérfanos. Así, la reforma efectivamente se promulgó, el compromiso, literalmente hablando, se cumplió y luego, no pasó mucho.

Mientras los maestros seguían incansablemente protestando, la reforma se borró del primer plano y pareció haber sido colocada por el propio gobierno en una especie de estado de hibernación. En realidad, lo que ocurrió fue que había concluido un ciclo; los legisladores cumplieron, Gobernación cumplió, el presidente cumplió, las fuerzas del orden cumplieron, y, por tanto, se aplica a continuación un principio básico de la inmovilidad burocrática: séllese y túrnese al departamento correspondiente que en este caso son las entidades federativas. Y ahí, efectivamente muy poco se hizo. Luego de tres meses de letargo, el gobierno federal se ve obligado a sonar el despertador, y el 3 de diciembre los gobernadores firman un convenio con éste que les recuerda su tarea. Y los jefes estatales quedan asignados a la estratégica labor de encargados del reloj checador, en tanto que responsables del control de asistencia de los servidores públicos del sistema educativo nacional y, en su caso, [de] aplicar los descuentos correspondientes (Convenio, Boletín B-2281, estado de Morelos), además de obligados a impulsar la autonomía de gestión y obedecer todas las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin que sepamos qué fue de ese convenio, otros tres meses después aparece otro, esta vez del 26 de febrero de este año, con el gobierno federal en su oficio de despertador, recordándole a los gobernadores que apenas faltan dos semanas para que venza el plazo (16 de marzo) en que deben realizar la armonización de las leyes estatales y que sólo dos estados (Aguascalientes y San Luis Potosí) han cumplido.

Todo esto significa que el itinerario de la reforma ha entrado en una situación complicada. La tesis de ahí les dejo la reforma para que la apliquen, y me avisan cómo van ciertamente no ha funcionado. Si, por el contrario, el poder federal (con o sin Mexicanos Primero) toma una actitud activa y comienza a presionar, el resultado –lo vemos hasta en la redacción de los convenios– es la degradación de los estados a meros subordinados, operadores de los tiempos y tareas que establezca el poder central gubernamental o empresarial. Según las probadas leyes de la burocracia, esta aproximación ciertamente no es la mejor manera de incentivar el compromiso local con la tarea. Lo más importante, sin embargo, es que el gobierno federal se olvida que a nivel de cada estado el paquete de leyes secundarias implica construir todo un complicado andamiaje de disposiciones y procedimientos que supone traducir a lo cotidiano una compleja, confusa y hasta contradictoria legislación. En contextos, además, muy álgidos por la inseguridad y criminalidad y ahora sin el respaldo de los recursos que se entregaban para educación. Más difícil todavía cuando, gracias precisamente a la intensidad, al atroz autoritarismo y la duración del conflicto que generó la aprobación y promulgación de las leyes, prácticamente todos los maestros del país están ya sobre aviso de que se trata de una reforma sumamente agresiva. Así que cada pequeño paso que en la azotea intente dar un gobernador o legislatura en esa dirección será recibido con enorme desconfianza, denuncias, y hasta protestas y manifestaciones por parte de los que ya de antemano saben que son los blancos preferentes de la reforma.

Claro que el gobierno federal puede reproducir a nivel nacional la opción Michoacán , donde en un estado ya en crisis de violencia, con más violencia se hace cumplir con otro trámite más, ahora el de la armonización. Pero con esto corre el riesgo de volver a generar un conflicto nacional, ya no focalizado en el DF, sino desplegado en inumerables puntos a lo largo y ancho del país. Y, además, todo para que la reforma se convierta solamente en el cumplimiento perfecto de la más larga cadena de trámites jamás vista. Desde Rusia, desde hace un año, se podía haber escogido el atajo siempre oportuno y eficaz de sentarse a llegar a acuerdos entre voluntades, sobre todo con los maestros, para mejorar la educación en México. Esa opción, claramente, sigue abierta.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco