La Cámara de Diputados aprobó, con cambios, una minuta del Senado que reforma la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con objeto de endurecer las sanciones en casos de corrupción y construir un marco de protección e incluso de recompensas a personas que denuncien y entreguen información relacionada con esta práctica.

Al argumentar en favor de la reforma, la diputada Oswelia Yáñez (PAN) indicó que la ciudadanía no se atreve a denunciar, no sólo por la cadena de corrupción sino porque tiene miedo a ser identificada y, en consecuencia, recibir algún tipo de agresión. Por ello, agregó, a partir de la modificación se prevé recibir denuncias de manera anónima.

Es tan grave el daño, que la corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener permiso de comercialización de carne no apta para consumo humano; mata cuando un funcionario solicita dinero para prestar un servicio gratuito; mata cuando un médico usa vacunas que no cumplen con los niveles de calidad, sostuvo.

Durante la discusión de la minuta, que fue devuelta al Senado, la diputada Zuleyma Huidobro (Movimiento Ciudadano) insistió en su denuncia de presuntos actos de corrupción en la asignación de fondos para programas culturales en el presupuesto de este año, que atribuye al secretario técnico de la Comisión de Cultura, Alejandro Méndez González.

En respuesta, diputados de la comisión, encabezados por la panista Margarita Saldaña, afirmaron en un comunicado que esa instancia legislativa funcionó sólo como una instancia receptora y emisora de opinión de los proyectos que podían ser susceptibles de financiamiento.

Mientras, la diputada Leticia Calderón (PRI) explicó que con la reforma se constituirá un organismo autónomo especializado, que se encargará de aplicar la ley de responsabilidades en actos de corrupción y coadyuvará en la persecución de delitos.

Con 345 votos en favor, 37 en contra y 14 abstenciones, los diputados aprobaron la reforma, que considera un sistema de recompensas a quienes entreguen información cierta, suficiente y relevante de conductas ilegales de servidores públicos.

También se obliga a los funcionarios a no tratar de impedir, por cualquier medio, la presentación de denuncias, o inhibir la intención de aportar información sobre casos de corrupción.

Además, amplía a entre 10 y 20 años la inhabilitación de servidores públicos responsables de actos de corrupción, así como su destitución.