Las marchas en apoyo al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fueron criticadas por legisladores, políticos, académicos y activistas de grupos defensores de derechos humanos.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que las protestas constituyen los últimos estertores de un moribundo delincuente que ha sido otra vez reaprehendido y tendrá que pagar por todos sus delitos. Consideró que las movilizaciones tienen atrás un interés específico que riñe con la legalidad.

En tanto, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, sostuvo que esas marchas son inadmisibles, porque buscan respaldar a un delincuente que no sólo ha sido acusado sino también sentenciado, que se fugó de una penitenciaría y otra vez ha sido detenido para que pueda purgar sus condnas. Indicó que las movilizaciones en Culiacán y Guamúchil representan una pérdida terrible de valores. Manifestarse para que se deje de imponer el estado de derecho me parece un asunto que no podemos compartir la mayoría.

En tanto, al preguntarle sobre la marcha, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, dijo que las muestras de apoyo a un delincuente no son una señal positiva sino el mundo bizarro. Luego de participar en la ceremonia conmemorativa por el 117 aniversario del natalicio de Manuel Gómez Morín, declaró: Creo que no es una señal positiva, porque lo que debemos reconocer y valorar siempre es cuando se cumple con la ley y se castiga a un responsable o un acusado. Se tiene que enfrentar la justicia, no se pueden esgrimir otros argumentos para tener privilegios para ninguna persona,

Jorge Márquez, coordinador del Centro de Estudios sobre Gobernanza y Globalización de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que dichas marchas dejan claro que si bien muchas personas pueden haber sido víctimas de alguna manipulación para asistir, otras lo hicieron porque se han beneficiado con el peso económico del narco en la región.

Acorde con nuestra tradición política, los narcotraficantes recurren al clientelismo; pero también se debe considerar que tienen una base social por la derrama que provocan en varios sectores: turismo, servicios, bancos y transportes, aseveró el experto en temas de seguridad.

Una muestra de ello, apuntó, son los estudios que indican que el crimen organizado genera en el país alrededor de 250 mil empleos directos y muchos más indirectos, como parte de un fenómeno inmenso.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, indicó que el apoyo de algunos grupos ciudadanos a El Chapo puede explicarse por la ayuda económica que el narcotraficante brindó a mucha gente de escasos recursos, quienes nunca recibieron apoyo similar de las autoridades.

Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que las manifestaciones en favor de El Chapo reflejan que su grupo criminal está protegido con la cobertura de ciertos servicios o préstamos personales a pobladores.