Joaquín El Chapo Guzmán Loera enfrenta hasta el momento ocho acusaciones penales por ilícitos que van de delincuencia organizada y contra la salud, hasta evasión de presos, luego de que entre martes y jueves varios juzgados federales recibieron formalmente los cargos contra el ex líder del cártel de Sinaloa, con la finalidad de que resuelvan la situación jurídica del detenido.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sólo ha informado de manera oficial la existencia de dos autos de formal prisión. El martes pasado dio a conocer del inicio de dos procesos y ayer informó de un tercer cargo penal que la autoridad ministerial imputa a Guzmán Loera.

No obstante, fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) informaron a La Jornada que en total El Chapo enfrenta ocho órdenes de captura, de las cuales tres ya fueron cumplimentadas, es decir, que los jueces fueron notificados de que el capo está detenido y a su disposición en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México.

Desde el domingo pasado, un día después de que el ex líder del cártel de Sinaloa fue detenido en Mazatlán, el capo ha participado en varias audiencias preparatorias en las cuales se ha reservado su derecho a declarar.

En tanto, el juzgado octavo de distrito en materia de amparo, donde Guzmán Loera tramitó su demanda de garantías para frenar su extradición a Estados Unidos, solicitó al juzgado tercero de distrito de procesos penales federales que emita un informe con carácter de urgente para que aclare si existe una orden de detención provisional con fines de extradición contra el acusado.

De acuerdo con las fuentes ministeriales consultadas, desde el año 2000 está vigente una medida cautelar en el PJF ante una petición de extradición contra Guzmán Loera, que hasta el momento no ha formalizado el gobierno de Estados Unidos.

Las leyes en materia de extradición no facultan a los jueces mexicanos para revisar cuestiones de fondo de las acusaciones penales que hagan tribunales de otras naciones contra delincuentes nacionales; sólo permiten a los juzgadores analizar formalismos jurídicos, como el hecho de que la persona solicitada en extradición sea la misma que está detenida en algún penal del país.

Acerca de las acusaciones que enfrenta Guzmán, ayer el CJF difundió una tarjeta informativa en la que dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó formalmente una orden de aprehensión –la tercera que reciben los jueces esta semana contra el capo, faltan cinco por cumplir– por delincuencia organizada. Se trata de una orden de captura librada el 3 de mayo de 2011 por el juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, en la cual le imputan cometer delitos vinculados con el narcotráfico o contra la salud.

El juzgado tamaulipeco hizo un exhorto al juzgado sexto de distrito en procesos penales federales de Toluca para que tome declaración preparatoria al ex líder del cártel de Sinaloa, en virtud de que éste está internado en el penal federal del Altiplano.

El plazo para que se resuelva si el capo será sujeto a proceso penal empezará a correr este jueves, por lo que entre domingo y miércoles próximos se determinará si se le inicia un juicio por delincuencia organizada.

El martes pasado, los juzgados tercero y quinto de distrito en procesos penales del estado de México empezaron sus respectivos juicios contra el capo por delincuencia organizada.

El juzgado quinto le dictó la libertad por delitos contra la salud, al estimar que no fue acreditada su relación con un cargamento de 500 kilos de cocaína decomisado en 2009 durante un cateo en Mexicali, Baja California.