a Auditoría Superior de la Federación denuncia que la Secretaría de Hacienda cobijó los derroches de Felipe Calderón a lo largo de su sexenio, y que esa dependencia de manera permanente incrementó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la Presidencia de la República, cuyos gastos, subraya, sobrepasaron por mucho a lo aprobado.

Para nadie es un secreto el enorme dispendio de las dos administraciones blanquiazules, pero he allí un ejemplo concreto y documentado de que eso de la austeridad y las manos limpias de Felipe Calderón no fueron más que huecas frases de su campaña electoral. Aun así, ante el obvio derroche de recursos públicos cometido por el susodicho no todo está perdido, porque es posible exigir no sólo explicaciones sino cuentas claras sobre lo descrito.

Lo anterior, porque los cuatro principales personajes involucrados, directa o indirectamente, en la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación están vivitos y succionando del presupuesto público, y actualmente gozan de privilegiadas posiciones en el gabinete de Enrique Peña Nieto, en organismos autónomos y en el Poder Legislativo, amén de la pensión, igual de jugosa que de inmerecida, que puntualmente cobra el ex inquilino de Los Pinos, de tal suerte que si alguna autoridad competente –con un mínimo de interés en atender la citada denuncia– quisiera resolver el caso tiene todas las posibilidades de pedir cuenta a dichos actores.

En primerísimo lugar, desde luego, tendrá que pedirle cuentas al propio Felipe Calderón, a quien le fascina enseñar el rostro, y anda muy activo en eso de agandallarse la empresa privada de colores blanco y azul que algunos todavía llaman partido político, el cual, dicho sea de paso, goza de jugoso subsidio público. Ahora que si la autoridad no llega a localizarlo en territorio nacional, favor de visitarlo en Harvard.

Pero el eje de la denuncia de la ASF está en la Secretaría de Hacienda, la que cobijó los derroches calderonistas, que sobrepasaron por mucho a lo aprobado por los legisladores, y de manera permanente se pasó por el arco del triunfo a la Cámara de Diputados. Pues bien, en esto no hay pérdida de tiempo que pueda justificarse, porque en tiempos de Felipe Calderón tres fueron los titulares de la SHCP y los tres están políticamente activos.

El primero de ellos fue Agustín Carstens, quien desde el primero de enero de 2010 despacha como gobernador del Banco de México (ese fue el premio obtenido por la tragicomedia del catarrito). Lo sustituyó, a partir del 9 de diciembre de 2009, otra joya del panismo: Ernesto Cordero, el de los 6 mil pesos mensuales de los clasemedieros, el cual si bien no libró la candidatura blanquiazul a Los Pinos sí agarró hueso y fuero en el Senado de la República, al que apenas pidió licencia para atender sus urgencias personales y de grupo, esto es, conseguir la dirigencia nacional del PAN para su amigo Felipe. Y el tercero no es otro que el actual secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Peña Nieto: José Antonio Meade Kuribreña, sustituto del propio Cordero desde el 9 de septiembre de 2011, cuando fue designado titular de dicha cartera por Calderón.

Esos son los cuatro personajes, vivitos y succionando del erario, a los que la Auditoría Superior de la Federación debe exigir cuentas, toda vez que el trío en Hacienda fue el responsable de cobijar los derroches del inquilino de Los Pinos en el sexenio 2006-2012, dispendios que no sólo tiraron a la basura las decisiones de los diputados (los únicos legalmente facultados en materia de aprobación presupuestal), sino que, íntegros, se cargaron a la espalda de los mexicanos, como ya es costumbre.

Entonces, allí están los responsables de tales excesos, y mientras alguna autoridad imaginaria los localiza y les exige cuentas, la información publicada por La Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez) en su parte medular revela que “la Secretaría de Hacienda aumentó, de manera permanente, el presupuesto que la Presidencia de la República ejerció el sexenio pasado, por encima de lo aprobado por la Cámara de Diputados. En el último año del gobierno de Felipe Calderón –en el que también se realizaron las elecciones presidenciales–, Los Pinos gastó 3 mil 5 millones de pesos, mil 140 millones más que lo autorizado por los legisladores, informó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2012. Durante el sexenio de Calderón, la ASF sólo realizó tres auditorías a la Presidencia: en 2009, 2010 y 2012, ante el crecimiento sistemático del dinero destinado a la publicidad e imagen de la administración en turno”.

Lo anterior de inmediato nos remite al 3 de diciembre de 2006, cuando en pomposo acto celebrado en Los Pinos Felipe Calderón firmó su decreto de austeridad, el cual, entre otras directrices, ordenaba reducir 10 por ciento el salario presidencial, al igual que el de secretarios del gabinete, subsecretarios, oficiales mayores y titulares de unidad. Con ello, aseguraba, se ahorrarán 25 mil 500 millones de pesos, cantidad que se destinará a programas sociales. Tal decreto sólo se respetó el primer año de su estancia en la residencia oficial, porque a partir de 2008 el gasto corriente creció y creció, particularmente el destinado a servicios personales. Por ejemplo, con Calderón en la residencia oficial el gasto sólo por prestaciones a servidores públicos superó el billón 300 mil millones de pesos.

En el caso del salario de Felipe Calderón, arrancó el sexenio con un total anual de 2 millones 502 mil 851 pesos anuales, para concluir con 3 millones 377 mil 199 pesos anuales (todas las cifras provienen del presupuesto de egresos de la federación aprobados por la Cámara de Diputados). Entre una fecha y otra, el aumento en el ingreso presidencial fue de 35 por ciento, con todo y decreto. Y a pesar de todas sus barbaridades, excesos y ruindades, el señor goza de gruesa pensión, más su séquito de guaruras, que sale de los bolsillos de los mexicanos, los mismos que, quiéranlo o no, pagan los citados derroches y todo lo demás.

Las rebanadas del pastel

Que dice el Senado de la República que si los mexicanos quieren consulta, pues que vayan al médico, porque si se trata de consulta popular en materia de reforma energética ni de lejos. No modificarán una sola coma, que para eso son los representantes populares.

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