Diputados de la Comisión de Radio y Televisión dijeron que, aun sin la correspondiente ley secundaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe cumplir el plazo constitucional que fija el 9 de marzo como límite para declarar a los agentes preponderantes en radio, televisión y telecomunicaciones.

El presidente de la comisión, Federico González (PVEM), explicó que la Constitución define que el Ifetel debe emitir su resolución con base en la información disponible, así como a partir del marco legal vigente.

El plazo no es prorrogable. El hecho de que no exista una nueva legislación secundaria no impide que el Ifetel, como autoridad administrativa, pueda actuar. La reforma establece que deberá actuar conforme a la legislación vigente, es decir las leyes de telecomunicaciones, de competencia y de radio y televisión. El mandato es muy claro, improrrogable y existe el sustento legal para que pueda actuar, declaró.

Asimismo, expuso que en el caso de la retransmisión de canales de la televisión abierta en televisión restringida, como ha hecho Dish, el acuerdo del Ifetel será consecuencia de la declaración de preponderancia, pero no es un ingrediente del mandato constitucional.

Mientras, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), reconoció que existen presiones de los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones, lo cual ha detenido la presentación de la iniciativa correspondiente.

Los grandes concesionarios son los que más empujan. Esa es la realidad. Se ha atorado un poquito, pero si las cosas más o menos corren, para marzo ya tendremos la iniciativa en la cámara. Mientras, el instituto debe actuar como manda la Constitución, acotó.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar (PT) afirmó que un manotazo de los concesionarios al gobierno federal retrasó la presentación de la ley secundaria, y los actores que serán calificados como preponderantes participan más en la redacción de la ley que el gobierno y los propios diputados.

En tanto la discusión llega a la Cámara, agregó, el Ifetel debe cumplir con su responsabilidad constitucional, sobre todo si hay o no preponderancia en las telecomunicaciones.