El día de hoy, al amparo de los nuevos marcos nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, no existe ningún argumento válido que impida el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, afirmó el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI) de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, resumiendo así el consenso entre legisladores y funcionarios que inauguraron el foro Derechos indígenas y armonización legislativa, convocado precisamente en el contexto del 18 aniversario de la firma de dichos acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano (que los incumplió).

Los participantes coincidieron en señalar que con la armonización legislativa entre la Constitución y las leyes nacionales y los tratados y convenios internacionales firmados por México se reconozca que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público; que debe haber una ley general de consulta para, en forma previa, libre e informada, se les consulte sobre decisiones y proyectos que atañen a sus territorios y recursos naturales; que la armonización citada debe ser un ejercicio democrático y plural con participación indígena decisoria.

Organizaron el acto, realizado en el Museo de la Ciudad de México, la propia CDPI y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, con la presencia de unas 150 personas, de las cuales 70 eran integrantes de pueblos indígenas de México.

Funcionarios participantes

En el acto inaugural participaron, además, el secretario de Cultura y el subsecretario de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, Eduardo Vázquez Martín y Juan José García Ochoa, respectivamente; los diputados Carlos de Jesús, representante de la Comisión para el Diálogo y Negociación en Chiapas, y Sebastián de la Rosa Peláez, presidente de la comisión del Cesop, y el senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado.

Pérez Magaña manifestó su total disposición para llevar a la comisión que preside y luego al pleno del Senado, el documento de recomendaciones que salga de este foro, en tanto que De la Rosa subrayó que el país requiere un solo marco legislativo con el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios.

El ex relator especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en una ponencia leída por Sedena Chuc, criticó que una ley secundaria, la Minera de 1992, tenga en la práctica mayor rango que la propia Constitución, ya que da preferencia a las compañías mineras sobre los recursos naturales de los pueblos indígenas, contrariando el artículo segundo de la Carta Magna, reformado en 2001, que reconoce y garantiza a éstos el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan.

Activismo indígena

Subrayó que lo poco que se ha logrado en materia de derechos indígenas se debe a los movimientos y organizaciones indígenas que hicieron su aparición en el escenario nacional a partir de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, incluido el EZLN, en 1994.

Indicó que hoy se han entreabierto nuevas vías para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, pero las rendijas son angostas y detrás de las puertas se mantienen los bloqueos institucionales históricos, apoyados por los intereses fácticos que se han adueñado del poder político en nuestro país.

Martha Sánchez, activista por las garantías de las mujeres indígenas, advirtió que el derecho a la consulta incluido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo contempla el derecho de los pueblos indígenas a decir no a proyectos de desarrollo contrarios a lo que ellos desean.

Pablo Yanes, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló que los indígenas deben tener acceso a los recursos del país, con políticas redistributivas, porque hay avances legislativos, pero desigualdad y discriminación estructurales.

Posteriormente, las y los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo para discutir diferentes aspectos de la armonización legislativa y hacer propuestas, con las que se elaborará un documento final que, de acuerdo a la convocatoria, se divulgará entre los pueblos indígenas del país para su discusión.