A siete años de la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario –quien denunció haber sido víctima de violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército, pero cuyo fallecimiento fue atribuido por el ex presidente Felipe Calderón a una gastritis mal atendida–, el Estado mexicano deberá rendir cuentas sobre el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que ese organismo iniciara recientemente el análisis del caso.

En conferencia de prensa, diversas organizaciones sociales anunciaron que en enero de 2011 enviaron a dicho organismo una solicitud para que se hiciera cargo del tema y llamara a cuentas al gobierno del país, luego de que las instituciones locales de procuración de justicia dieran el caso por cerrado y se negaran a divulgar los expedientes del mismo.

Cuando la fiscalía especial creada por el gobierno de Veracruz para investigar el asunto determinó el no ejercicio de la acción penal, por considerar que la denuncia de la indígena de 73 años no estaba sustentada y por lo tanto no había delito qué perseguir, los colectivos elaboraron dos solicitudes de información al respecto.

Sin embargo, lamentaron, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) se negó durante cinco años a entregar la versión pública del expediente de averiguación previa, lo cual hubiera podido aclarar los hechos.