Decenas de taxistas acompañados de sus unidades se movilizaron ayer por cerca de tres horas en Calzada de Tlalpan ante la negativa de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) de incorporar sus propuestas de actualización anual de la tarifa y un bono de chatarrización, en la iniciativa de Ley de Movilidad que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Los prestadores de servicio agrupados en la Asociación de Taxistas Regulares, Grupo Pacto, Génesis, Campamento 2 de Octubre, Consejo del Poniente, Base Constitución de 1917 y Taxistas de Polanco, entre otras, partieron a las 8 horas de Viaducto hacia el Zócalo, ocupando tres de cuatro carriles, lo cual generó largas filas de automovilistas, quienes quedaron atrapados, ante la ausencia de cortes viales.

La negativa de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a franquearles el paso hacia el Zócalo, donde se encuentra la exposición de las fuerzas armadas, provocó que los inconformes se plantaran en Izazaga hasta cerca de las 11 horas, cuando las autoridades capitalinas se comprometieron a recibirlos este jueves para atender sus demandas, en el edificio del Antiguo Ayuntamiento.

Francisco De la Cruz e Ignacio Rodríguez señalaron que el número de participantes en la movilización fue menor a lo esperado, debido a las amenazas de funcionarios de la Setravi de ampliar los castigos para aquellas rutas que se han involucrado en accidentes de tránsito y provocado lesionados o muertes, de 15 días a 3 meses, y la revisión de su documentación.

Dichas llamadas también fueron recibidas por algunos de los participantes, pero decidimos salir para que nos atiendan, pues desde noviembre solicitamos una audiencia con el titular de la Setravi, Rufino H. León, quien se nos ha negado. El asesor de la dependencia, Héctor Larragoiti, nos dice que nuestras propuestas serán consideradas, cuando él no tiene facultad legal en este caso.

Caminar fue la mejor opción para los capitalinos que se dirigían hacía la zona centro de la ciudad de MéxicoFoto Jesús Villaseca

La política de puertas abiertas anunciada por la dependencia sólo es de palabra, por lo cual exigimos reunirnos con su titular, así como con el secretario de Finanzas, Édgar Amador; algún representante de la Secretaría de Gobierno y el Consejero Jurídico, José Ramón Amieva, para ver lo de un fondo de sustitución de unidades del servicio público concesionado.

Dichos recursos, dijeron, deben provenir de un presupuesto autorizado a proyectos plurianuales por la Cámara de Diputados y por la ALDF por un monto equivalente a 20 por ciento del valor comercial de la unidad tipo de que se trate a fin de sustituir el parque vehicular obsoleto, evitar que las unidades remplazadas engrosen las filas del transporte privado, y que se actualice cada año la tarifa.

Piden también que sea Setravi la encargada de supervisar al sector, no el Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF), que actúa de manera coercitiva y no preventiva, y que la entrega de nuevas concesiones no afecte a los prestadores de servicio originales, guardando equilibrio entre la oferta y la demanda tomando decisiones con estudios serios, indicaron.

Mencionaron que la conformación de un sistema integrado de transporte no debe irse al extremo de ser un ente controlador de los ingresos de las empresas, pues podría considerarse un acto privatizador y muy pocos se arriesgarían a transformar la figura de hombre-camión a sociedades mercantiles.

Por su parte, la Setravi informó que analiza la aplicación de la sanción correspondiente a los transportistas que sacaron sus unidades de servicio en claro perjuicio del interés público, al participar en esta manifestación.