Madrid, 25 de febrero.

El consejo de administración de la multinacional española Repsol aprobó el acuerdo suscrito con la argentina YPF para resolver el conflicto abierto por la expropiación del 51 por ciento de sus acciones, que ejecutó el gobierno de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner. El anuncio, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), contó con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex), que posee 9.4 por ciento de Repsol, y contempla una indemnización de 5 mil millones de dólares a la petrolera española, una cuarta parte de lo que exigió ante los tribunales.

En mayo de 2012, Repsol afrontaba una crisis interna por la sublevación en contra de la dirección ejecutiva, presidida por Antonio Brufau, por parte de dos accionistas de referencia, Pemex y la constructora española Sacyr. En aquella época, en la que era pública la batalla interna por el control del poder de la petrolera española, el gobierno argentino decidió expropiar 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF y asumir el control íntegro de la empresa energética y, sobre todo, explotar en solitario el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta. El argumento que esgrimió fue la ausencia de inversión de Repsol en Argentina.

Ese fue el inicio de una larga y agria batalla judicial y política en la que intervinieron desde los gobiernos de Argentina; de España, de Mariano Rajoy; y, recientemente el gobierno de México, de Enrique Peña Nieto. Además, por supuesto, de los representantes de YPF y de Repsol, pero también de Pemex y de su nuevo director general, Emilio Lozoya, quien intercedió y se presentó ante el consejo de administración de Repsol con una hoja de ruta en la que se instó al resto de accionistas de la petrolera española a resolver cuanto antes un conflicto que, a juicio de Pemex, lastraba la proyección empresarial de Repsol.

El conflicto se llevó a los tribunales, con las posturas muy enconadas y con una petición de origen por parte de Repsol de ser indemnizada con 20 mil millones de dólares. Una cifra que la parte argentina consideró inaceptable y que ahora, con el acuerdo suscrito, logró rebajar hasta los 5 mil millones.

En la comunicación remitida a la CNMV, Repsol presentó el acuerdo como un convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación, en el que además de confirmar el pago de los 5 mil millones de dólares y las garantías de pago efectivo, así como el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones.

El convenio también contempla una serie de condiciones suspensivas que podrían provocar su revocación, como son su aprobación por la junta general de accionistas de Repsol y a la aprobación posterior por una ley especial sancionada que deberá aprobar el Parlamento de Argentina.

El valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales, mientras que el orden de entrega de los bonos complementarios será el antes citado, de manera que Repsol recibiría primero los bonos de vencimiento más próximo, hasta los límites indicados para cada uno de ellos. El convenio también garantiza que Repsol, libremente, puede decidir enajenar dichos bonos. Si de esta enajenación se obtuviera un importe superior a los 5 mil millones de dólares (descontados gastos e intereses), el exceso se devolvería a la República Argentina.

En relación con las garantías que en caso de restructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional”.

El consejo de administración y la dirección ejecutiva de Repsol también acordó convocar a la Junta General de Accionistas para marzo próximo, a finales, para votar y respaldar el convenio. Y se abordará, de nuevo, las peticiones por parte de Pemex de que se realice un cambio en los principales gestores de Repsol, que a juicio de los consejeros mexicanos en Repsol, no es lo eficiente ni con los niveles óptimos de rentabilidad.

Pemex, con el acuerdo entre Repsol y YPF, también tendrá vía libre para aliarse con YPF para la explotación de Vaca Muerta y otros proyectos conjuntos en América del Sur.