El gobierno mexicano ofrecerá a Joaquín El Chapo Guzmán Loera convertirse en testigo colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR), para que aporte información sobre los funcionarios públicos y empresarios vinculados con el líder del cártel de Sinaloa, detenido el pasado sábado en Mazatlán, Sinaloa, informaron fuentes gubernamentales y militares.

Desde el día de su captura, elementos de la Armada de México que participaron en el operativo del arresto se entrevistaron con Guzmán Loera durante su traslado aéreo de Sinaloa a la ciudad de México, Afirmaron que El Chapo habló de su relación con miembros de otros cárteles de la droga que operan en México, y reconoció, según informaron fuentes oficiales, que en la década reciente ordenó la ejecución de entre 2 mil y 3 mil personas.

Ante los efectivos de la Armada que lo custodiaron, Guzmán Loera reconoció que él ordenó el asesinato de Ramón Arellano Félix en 2002, luego de enterarse que éste lo quería matar. Dijo que Ismael El Mayo Zambada se encuentra prófugo en la zona serrana de Sinaloa y Durango, mientras que Juan José Esparragoza, El Azul, está escondido en Jalisco.

Según las fuentes militares consultadas, el capo rechazó tener millones de dólares escondidos, y dijo que fue un invento de la revista Forbes haberlo considerado como una de las personas más adineradas de México.

El caso Posadas

Sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, El Chapo ratificó lo que en su momento había declarado a las autoridades ministeriales: que sus sicarios confundieron el vehículo en el que viajaba el prelado con otro de los hermanos Arellano Félix.

A decir de las fuentes consultadas, el objetivo del gobierno mexicano es que Guzmán Loera acepte acogerse al sistema de testigos protegidos, contemplado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes secundarias.

El propósito de las autoridades mexicanas es que antes de una posible extradición a Estados Unidos, Guzmán Loera hable sobre las redes gubernamentales de protección a su organización criminal, es decir, que ofrezca a la autoridad datos sobre los funcionarios de los tres Poderes de la Unión que habrían protegido sus actividades criminales.

El gobierno mexicano también está interesado en que proporcione información de los servidores públicos que lo ayudaron a fugarse del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Además, que revele la identidad de los empresarios (mexicanos o extranjeros) con los que realizó negocios durante los 13 años que estuvo prófugo de la justicia, pues el cártel de Sinaloa es una de las agrupaciones criminales que más dinero de procedencia ilícita han lavado en territorio mexicano.

En más de una década de huir de la justicia, Guzmán Loera pasó de ser un capo de medio rango al traficante de drogas más buscado a escala mundial.

El Chapo acumuló una fortuna superior a los mil millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes, que lo incluyó en su lista de las personas más poderosas del mundo.

En ese sentido, la autoridad mexicana pretende que el sinaloense informe si existen casas de seguridad, ranchos u otras propiedades en las que tenga escondido armamento, dinero en efectivo y drogas.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal incluyen algunos derechos procesales y legales para los delincuentes que colaboren con la autoridad, entre ellos la posibilidad de evitar la extradición a algún país que los requiera, la reducción de condenas e incluso la posibilidad de un cambio de identidad.

No existe un tiempo límite para que las autoridades ministeriales consigan la autorización de Guzmán Loera de convertirse en testigo colaborador, por lo que cabe la posibilidad de que quede sujeto a varios procesos penales antes de que el gobierno mexicano consiga su colaboración.

En tanto, hasta el cierre de esta edición, Carlos Hoo Ramírez, el presunto guardaespaldas de El Chapo Guzmán que fue detenido en el operativo del pasado sábado en Mazatlán, continúa retenido en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido).

Hoo Ramírez se ha negado a colaborar con la PGR, por lo que no se descarta la posibilidad de que sea arraigado.