ranscurrido poco más de un año desde la aprobación de la reforma laboral, el empleo formal que se generaría a raíz de tal legislación se mantiene prófugo de la realidad nacional. Si a ello se añade el creciente deterioro del poder adquisitivo de los salarios y del número de mexicanos que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, entonces el panorama se torna explosivo.

Hasta ahora las promesas laborales del inquilino de Los Pinos –al igual que de sus antecesores– no trascienden el discurso, y la tasa oficial de desocupación abierta se mantiene en una cota muy superior a la registrada antes del catarrito. De hecho, en lo relativo a la generación de plazas formales el arranque de 2014 fue por demás deprimente (en enero se cancelaron 22 mil 600 mil empleos permanentes y se generaron 27 mil eventuales urbanos), al tiempo que la inflación arrasó con el salario de la mayoría de los mexicanos.

Ayer el Inegi informó que en el primer mes de año que corre la tasa oficial de desocupación fue de 5.05 por ciento de la población económicamente activa, contra 5.42 por ciento en igual mes de 2013. De diciembre del año pasado al cierre de enero del presente, dicho indicador pasó de 4.8 a 4.81 por ciento, pero en ambos casos esos niveles superan, por mucho, los registrados antes de la crisis 2008-2009, la cual, según la versión oficial, ya se superó. Lo mismo sucede cuando sólo se consideran las 32 principales áreas urbanas del país, donde la tasa oficial de desocupación llegó a 6.52 por ciento, contra 6.37 por ciento de un año antes.

Tampoco se ha resuelto el gravísimo problema que registran los mexicanos con mayor nivel de instrucción. Muchos de los egresados de preparatorias y universidades a duras penas concluyen sus estudios, con una elevadísima presión económica, sólo para toparse con un mercado laboral incapaz de garantizarles empleo, y cuando se les abre una rendija, por pequeña que sea, la oferta salarial resulta verdaderamente insultante.

En este contexto, el Inegi detalla que en enero de 2014 el 76.4 por ciento de los desocupados registraron los mayores niveles de instrucción escolar y una subocupación de 56.9 por ciento. El 23.6 por ciento restante no contaba con estudios completos de secundaria. Así, a mayor nivel académico, mayor desocupación. Mientras, la informalidad sigue tan campante, con todo y el programa gubernamental para formalizar el empleo.

Por el lado del ingreso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados advierte que en el cuarto trimestre de 2013 empeoró la distribución entre las personas ocupadas: la proporción que ganaba de cero a tres salarios mínimos fue de 57.9 por ciento, y el de aquellos que obtenían más de cinco salarios mínimos resultó de 7.3 por ciento. Ello contrasta negativamente con la información al cierre del segundo trimestre de 2008, previo al estallido oficial de la crisis, cuando la proporción de personas que ganaban de cero a tres salarios mínimos era de 55.7 por ciento, y las que ganaban más de cinco salarios mínimos, de 11.6 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, detalla el CEFP, en el cuarto trimestre de 2013 los trabajadores ocupados tuvieron un ingreso nominal promedio de 5 mil 799.9 pesos mensuales, lo que equivale a una caída real anual de 2.8 por ciento. Comparado con su nivel más alto alcanzado previo a la crisis (segundo trimestre de 2008), los ingresos mensuales acumulan una reducción real de 16.2 por ciento, señala.

El crecimiento de la población ocupada remunerada no ha podido compensar la caída de los ingresos, lo que se ha traducido en un deterioro de la masa salarial, determinante del consumo nacional. De octubre a diciembre de 2013 el número de trabajadores remunerados creció 2.6 por ciento anual, al tiempo que los ingresos reales disminuyeron en 2.8 por ciento. De esta manera, el mayor número de trabajadores no ha podido neutralizar el descenso en los ingresos reales, provocando que el ingreso disponible se redujera 0.3 por ciento en términos reales.

Así, la desaceleración experimentada en el mercado laboral explica de manera significativa la caída en la demanda interna. De hecho, al cierre de 2013 el ingreso real promedio, de acuerdo con el CEFP y el Inegi, resultó el más reducido desde, cuando menos, finales de 2005.

Otra joya es que el precio de los alimentos repuntó, y su variación anual igualó a la de la inflación general; el índice de los alimentos pasó de un incremento de 2.7 por ciento en septiembre de 2013 a 3.97 por ciento en diciembre, y para enero de 2014 terminó en 4.89 por ciento. En tanto que la inflación de la canasta básica también se elevó y se ubicó por arriba de la general: de 4.47 a 5.2 por ciento en el periodo referido, e inició 2014 en 6.17.

Y de cereza, al cierre de 2013 el índice de la tendencia laboral de la pobreza, elaborado por el Coneval, se ubicó en un máximo histórico, lo que traducido al castellano simple quiere decir que no ha dejado de crecer el número de mexicanos que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Lo anterior, como resultado de miserables incrementos al salario y generosísimo aumento en los precios de la canasta alimentaria, la cual establece la línea oficial de bienestar mínimo (para el medio urbano el aumento fue de 25.51 por ciento, para el rural, de 25.36).

En todo esto se junta lo roto con lo descosido y se arma un coctel explosivo: no se genera empleo en el sector formal de la economía, el salario de la mayoría de los mexicanos es rotundamente insuficiente, los aumentos verdaderamente miserables y la inflación avanza a paso veloz. Entonces, mientras no se resuelva todo esto, sólo empeorarán las cosas, por mucho que El Chapo esté en chirona y el ministro del año presuma que en México no hay problemas macroeconómicos.

Las rebanadas del pastel

El barón se pinta solo: “Grupo México, de Germán Larrea, contrató una sicóloga para que hable con las viudas de los mineros de Pasta de Conchos y las convenza de que ‘dejen de lado lo malo que les ha pasado’… Apenas da una ‘beca’ de 600 pesos para sus hijos, y reciben pensiones del IMSS de mil 800 pesos al mes, en promedio. A Elizabeth, el Infonavit le quiere quitar su casa porque no tiene para pagar y tampoco cuenta con el acta de defunción de su marido, que es el documento que le pide el instituto para poder cancelar la deuda. ‘Ni siquiera puedo tener esa acta’, relata” (La Jornada, Patricia Muñoz). Entonces, es el empresario quien urgentemente necesita atención sicológica.

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