egún cifras del Inegi, la economía repta. En 2006 el PIB alcanzó un pico de crecimiento de 5.0 por ciento; inmediatamente, retomó su ciclo –alcanzar una cifra récord, pero muy insuficiente–, y después empezar a caer: 3.1 por ciento en 2007; 1.4, en 2008; y, empujada por la crisis financiera internacional, caer hasta -4.7 por ciento en 2009.

En 2010 vuelve a una cifra récord de crecimiento de 5.1 por ciento, con lo cual –dada la caída de 2009–, el valor en términos reales del producto sólo puede alcanzar el que se había conseguido en 2008. A partir de ahí, vuelve al vuelo en picada: 4.0, en 2011; 3.9, en 2012, y 1.1 en 2013, del primer año del nuevo gobierno.

En 2013 decreció la industria manufacturera, cayó el volumen de las exportaciones petroleras y también, de manera subrayada, la construcción. En la mayoría de las actividades económicas los tres últimos trimestres de 2013 muestran indicadores con tendencia a la baja. El producto interno creció 0.6 por ciento en el Trimestre 1 (T1); en el T2, 1.6; en el T3, 1.4; y en el T4, 0.7 por ciento. Un año puntualmente menguante.

La política monetaria anunciada por la Fed en diciembre de 2012, afectó a los países llamado emergentes, pero México fue de los menos afectados por ese anuncio; de modo que este fue un factor de peso menor en el desastroso desempeño de la economía mexicana de 2013: es claro que el producto per cápita fue negativo, lo que no impidió que el ingreso continuara su tendencia a la concentración en los de arriba.

Los factores que explican los resultados económicos de 2013 son, muy principalmente, internos: la política-política y la política económica. Se armó el Pacto por México y se apresuró la aprobación de un conjunto no menor de reformas estructurales. Es claro que la reforma hacendaria produjo inconformidades en un sector de los empresarios (téngase presente el numeroso conjunto de amparos promovidos por empresas que se sintieron amenazadas o afectadas por la reforma), y también creó expectativas por lo menos inciertas para otros sectores empresariales. Esto se expresó claramente en los indicadores negativos de la inversión privada, especialmente los tres últimos trimestres del 2013.

Frente a la tendencia a la caída de numerosas actividades económicas, el gobierno parece haber seguido una política económica acomodaticia. Algunos analistas atribuyen la baja en el gasto público a la novatez, pero este argumento puede ser ingenuo. Es más probable que haya sido, principalmente, producto del enfoque de los nuevos liberales: una caída en la actividad económica se habría traducido en una menor recaudación y, si se hubiera sostenido el gasto programado, el gobierno habría tenido un déficit en las finanzas públicas de variable tamaño (según el volumen del gasto), lo cual en los gobiernos actuales es herejía.

Si no era posible recaudar lo programado según la ley de ingresos para 2013, debido a la baja de la actividad económica, era preciso recortar el gasto. Este es el resorte común del pensamiento económico dominante en el mundo de hoy , y en 2013 se tradujo en un crecimiento exiguo de 1.1 por ciento.

Cayó la inversión privada, y cayó también, en consecuencia, la inversión pública.

Se atribuye a Jaime Serra Puche la famosa frase de que la mejor política industrial es la que no existe. Desde el régimen de De la Madrid empezó a desmantelarse tal política, y en el mandato de Salinas fue barrida como una escoria residual del populismo nacionalista.

El decir de Serra implica la creencia de que lo que es posible es lo que por sí mismos hacen los mercados. De modo que hablar de política industrial, en un marco neoliberal, es otra horrorosa herejía.

Ello no obstante, ocurre que no se trata ahora de los académicos interesados en el desarrollo, en el empleo y el bienestar, quienes examinaron y criticaron en el pasado ya un tanto lejano el estilo de la industrialización mexicana, proponiendo a la vez nuevas y mejores rutas para el desarrollo industrial y el empleo, sino que ahora quienes claman por una política industrial son los industriales mismos.

México necesita una política industrial que fije objetivos claros y responsabilidades compartidas, a fin de impulsar el crecimiento económico del país, [dijo] el presidente de la Concamin, Francisco Funtanet en 2007, en Ciudad del Carmen. Insistió en ello el 15 de abril de 2013: no puede haber una economía exitosa sin una férrea base industrial y no se puede aspirar a un crecimiento vigoroso y sostenido sin un mercado interno sólido y en expansión.

El presidente de la Canacintra, Sergio Cervantes, dijo en Baja California el pasado 26 de enero que es necesario contar con una estrategia de desarrollo de largo plazo que responda a las necesidades de cada región, rama y tamaño de empresa, que permita fortalecer la articulación de la planta productiva, incremente el financiamiento a todos los niveles, eleve la generación de empleos, reduzca la brecha tecnológica y dé certidumbre a los industriales.

El presidente Peña, junto con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, está dispuesto a hacer de Norteamérica la región más productiva del mundo. Sin política industrial ese propósito es desvarío en México. Seremos, acaso, intermediarios comerciales. En el Pacto, muy poco hay relacionado con política industrial; pero ha habido un primera respuesta gubernamental a los industriales: habrá política industrial. Tendrán que comenzar de cero.