a foto resultó ser algo más que humor involuntario: dos efectivos de la Secretaría de Marina levantaban los registros de los albañales de Culiacán y se asomaban a las oquedades, tratando de vislumbrar en ellas a El Mayo Zambada. Eso se dijo la semana pasada. Días después se supo que en realidad el operativo no iba en contra de El Mayo sino de El Chapo, y al ratificar en conferencia de prensa la captura del segundo –oficializada horas antes por medios informativos de Estados Unidos–, el procurador Jesús Murillo Karam confirmó que el capo utilizaba una red de túneles, conectados al drenaje, para evadir la acción de la justicia.
Al igual que muchos aspectos de esa captura, lo de las alcantarillas resulta poco verosímil por la simple razón de que, como es universalmente sabido, Joaquín Guzmán Loera no necesitaba esconderse en ellas ni en ningún otro lado: llevaba una vida pública, mientras las autoridades se empeñaban en ignorar.
Dos ejemplos de ese secreto a voces son las declaraciones formuladas en abril de 2009 por el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, quien indicó con pelos y señales el que por ese entonces era el lugar de residencia del narcotraficante. Años más tarde, ya en el primer año de la administración de Peña Nieto, Jorge Carrillo Olea dijo en entrevista que los gobiernos de México y de Estados Unidos (éste, con sus laberínticos sistemas de espionaje e inteligencia) “no quieren o no pueden capturar a El Chapo”. El general sabe de lo que habla: fue quien, el 11 de junio de 1993, recibió al capo, en nombre del gobierno mexicano, de manos de las autoridades guatemaltecas en un punto cercano a la frontera entre ambos países.
Guiado por el gobierno de Washington, el gobierno de Felipe Calderón se dedicó a capturar o a matar –a matar, de preferencia– a todos los rivales importantes de Guzmán Loera (llegó a ser tan escandalosa la conducta gubernamental que el propio Calderón se vio orillado a negar públicamente que su administración brindaba protección a El Chapo). Y mientras el régimen mexicano perdía credibilidad a pasos agigantados, la dependencia de Washington encargada del control del alcohol, el tabaco y las armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) emprendía las operaciones Receptor abierto y Rápido y furioso para proveer de armamento al cártel del Pacífico, y la DEA lavaba dinero para esa organización criminal y le compraba miles de kilos de cocaína. Por su parte, respetables corporaciones financieras como Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express, Western Union y HSBC se dedicaban a dejar ciertas utilidades tan blancas como el polvo ilícito del que procedían.
La cereza del pastel (para tomar prestada la célebre expresión del comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo) de estos datos es la declaración de Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, quien se mostró sorprendido por la captura del capo porque, según dijo en entrevista a Univisión, el narcotraficante sinaloense metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto
, según está documentado en inteligencia de Estados Unidos
. No sé qué es lo que pasó, por qué lo arrestaron, cuando les estaba pagando millones de dólares para que no lo tocaran, como pagó millones de dólares para que lo dejaran salir
(cuando se fugó de Puente Grande, a inicios de la presidencia de Fox), agregó. A pregunta expresa de si El Chapo pudo haber sobornado a agentes de la DEA y del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, Jordan respondió: con el dinero que tiene, todo es posible. La corrupción no nomás existe en México, sino también en Estados Unidos
.
¿Para qué dice Jordan esas cosas, a estas alturas? Quién sabe. Lo cierto es que el ex funcionario suele ser claridoso y lo mismo fue capaz, recientemente, de echar de cabeza a la CIA y de señalarla como responsable de haber organizado el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985, delito por el cual estuvo preso desde entonces Rafael Caro Quintero. Cosas de la vida, éste fue puesto en libertad, sin mucho escándalo, poco después de que Jordan y otros dos ex agentes de inteligencia testimoniaron que Camarena fue asesinado porque descubrió que el gobierno de su propio país (Estados Unidos) estaba involucrado en el tráfico de drogas en México.
Lo cierto es que lo dicho por Jordan hace pensar que tal vez el IFE, el tribunal electoral y la Procuraduría General de la República actuaron con extremada ligereza cuando, a mediados de julio de 2012, se apresuraron a desechar los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la campaña presidencial de su rival priísta había sido financiada con recursos de procedencia ilícita.
Y en conjunto, los hechos aquí referidos llevan a concluir que, efectivamente, todos estos años El Chapo Guzmán ha estado escondido en las cloacas, pero no en las de alguna ciudad sinalonese, sino en las del sistema político. No está claro por qué o para qué decidieron ahora sacarlo de allí. No hay que descartar de antemano ninguna posibilidad, pero es poco probable que lo hayan hecho por un deseo súbito de cumplir con la ley.
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