ada sustancial cambiará en el mundo de los negocios de la droga con la aprehensión del absolutamente sustituible Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Es decir, la producción y comercialización seguirán adelante, con el mercado estadunidense como principalísimo cliente y con hombres y grupos de poder (político y económico) a ambos lados de la frontera beneficiándose de ese mercadeo inconfesamente institucionalizado.

El mando del máximo cártel mexicano, el del Pacífico, será ejercido ahora probablemente por Ismael Zambada, El Mayo, o por Juan José Esparragoza, El Azul, en una sucesión absolutamente prevista y natural en esa organización horizontal en la que la fama mediática de Guzmán Loera le había restado capacidades ejecutivas, más dedicado a mantenerse en permanente huida que a la administración silenciosa y sin tantos sobresaltos que han practicado los dos posibles sustitutos arriba mencionados. En todo caso, habrá de verse si este golpe escenográfico significa un debilitamiento de la hegemonía del grupo sinaloense, de larga trayectoria dominante (con gobiernos priístas pero, sobre todo, durante la docena panista, con el liberador Vicente Fox y luego con el fúnebre concurrente Felipe Calderón), para dar paso a una preferencia sexenal emergente, la del cártel Jalisco Nueva generación, que ha visto salir de la cárcel de extraña manera al patriarca simbólico, Rafael Caro Quintero; que es el beneficiario directo de la limpieza de templarios realizada en Michoacán por el gobierno federal con autodefensas parcialmente infiltradas o movidas por el propio CJNG, y que está en un proceso de mayor independencia aunque siempre (hasta ahora) en términos asociados con los del Pacífico, desde la ejecución del añejo controlador de las actividades en Guadalajara, Ignacio Coronel, hasta la aprehensión del Menchito, hijo del nuevo jefe de la potencia regional (¿nacional?) jalisciense.

Es natural considerar que en el paquete de reformas estratégicas que se han impulsado durante la presente administración habría de incluirse la correspondiente a uno de los principales rubros de la agenda nacional, el relacionado con el tráfico de drogas. Si algún impulso hubiese faltado para acometer la delicada tarea de rediseñar una de las actividades que más influyen en lo económico, lo social y lo político, la visita del presidente de Estados Unidos pareció dar el marco adecuado, por la indemostrable posibilidad de que la aprehensión del jefe formal del máximo cártel mexicano hubiese sido negociada o impuesta por el interés imperial de que el negocio de los estupefacientes sea vuelto a cauces que no dañen a la población civil y mucho menos a las inversiones extranjeras, en particular las que están en vías de llegar para asuntos energéticos.

Esa percepción de intervencionismo obamista ha sido reforzada por el papel protagónico que no quiso ocultar la DEA en las operaciones realizadas en Mazatlán, a tal grado que en Estados Unidos se dio por cierta la detención del Chapo mientras en México la administración peñista tardaba siete horas para fijar postura y validar lo que merced a las versiones estadunidenses ya se daba mundialmente por un hecho. Por lo pronto, EPN ha aprovechado el golpe para fines propagandísticos, en busca de que la población crea que se están haciendo cosas y que la violencia nacional podrá disminuir. Ya se verá si Obama sólo fue un aportador de datos para la captura o en Toluca apretó tuercas al poder encopetado para que aceptara la detención de quien, según versión de un ex directivo de la DEA, había hecho buenas inversiones en campañas electorales. Lo cierto es que el mapa de poder del narcotráfico mexicano puede cambiar, aunque la esencia del negocio seguirá como si nada.

En una veintena de ciudades del país se movilizaron ayer periodistas en demanda de que cesen las graves, continuas y generalmente impunes agresiones contra el gremio. Bajo la etiqueta #PrensaNoDisparen y con el caso del reportero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz como aglutinador, se realizaron manifestaciones inusuales, pues normalmente los periodistas están a la búsqueda de noticias pero no las generan ellos, y, además, suelen prevalecer entre los trabajadores de los medios de comunicación las posturas individualistas.

En la postura dada a conocer en la concentración realizada en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México se recordó que son 10 los periodistas caídos durante el gobierno de Javier Duarte, pero no sólo eso, pues a la suma nefasta agregamos a decenas de reporteros que han tenido que salir huyendo de ese estado para salvar su vida y hoy se buscan la vida como pueden en otras ciudades de México o en el extranjero. Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas. Pero no es caso aislado. Entre julio de 2000 y febrero de 2014, 87 trabajadores de la comunicación fueron asesinados en el país y otros 20 están desaparecidos.

Los periodistas señalaron que México está en la lista negra de países donde matar un periodista sale barato, pues los silenciadores no pagan sus culpas. El 90 por ciento de los asesinatos de periodistas no han sido resueltos. Se han creado fiscalías, mecanismos de protección a periodistas y se han gastado cientos de millones de pesos en instituciones burocráticas supuestamente abocadas a la defensa de los periodistas, pero en este país los periodistas siguen cayendo como moscas.

Antes de hacer sendas exigencias concretas a Enrique Peña Nieto y a Javier Duarte de Ochoa, los periodistas plantearon: Nos rebelamos a la intención de ponernos una mordaza. Estamos aquí porque decidimos luchar contra el silencio. Porque nos oponemos a los convenios publicitarios censuradores. Porque nos oponemos a los empresarios de medios que no se han enterado de que hacer periodismo significa ser un aliado de los ciudadanos, a esos empresarios que no reconocen los derechos laborales ni dan las mínimas garantías de seguridad (http://on.fb.me/1k0Vfim)./ ¡Hasta mañana!

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