on la huida del hasta anteayer presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, culminó la violenta crisis política que se inició a comienzos del año en la capital Kiev. Como jefe de Estado interino fue designado Oleksandr Turchi- nov, quien ocupa además la presidencia de la Rada Suprema (parlamento).
Vista en perspectiva, esta crisis es sólo el episodio más reciente de una inestabilidad crónica que acompaña a la ex república soviética desde que surgió como Estado independiente en 1991. Desde entonces, el poder público ha sido blanco de cruentas pugnas entre dos grupos rivales: el de los ex funcionarios soviéticos y el de los financieros pro occidentales, caracterizadas por los golpes de mano, las defecciones y las traiciones.
Con frecuencia, los bandos de la clase política han recurrido a la persecución judicial y a la distorsión de los resultados electorales; lo más grave, han atizado los descontentos sociales para usarlos contra sus adversarios del momento, en tanto que las promesas de estabilidad democrática y económica se han diluido una tras otra, como ocurrió con la llamada Revolución naranja, que generó tantas expectativas frustradas en 2004-2005.
Más allá de las causas endógenas, un factor determinante de la precariedad institucional ucraniana es la pugna geopolítica que sostienen la Unión Europea y Rusia por situar a la ex república soviética en sus respectivas órbitas de influencia.
Así, en la crisis más reciente, Moscú respaldó hasta donde pudo al ex presidente Yanukovich, en tanto Bruselas y Washington mantuvieron una campaña permanente de desestabilización y de respaldo diplomático y mediático –y, previsiblemente, de índoles menos confesables– a los opositores.
Un elemento relevante de esa campaña fue el permanente injerencismo de la Casa Blanca, encubierto en una retórica de democracia y derechos humanos.
En este sentido, los hechos recientemente acaecidos en la capital ucraniana obligan a recordar una constante en la política exterior de Washington y de la Unión Europea: inducir movimientos de protesta o aprovechar los ya existentes para desestabilizar a regímenes que no son de su agrado. Así ha ocurrido en varias de las primaveras árabes, así ocurrió en Ucrania y otro tanto pasa en Venezuela.
Desde luego, cuando las manifestaciones tienen lugar contra gobiernos aliados, la Casa Blanca se abstiene de apoyarlas, por legítimas que sean: habría sido inconcebible, por ejemplo, que las autoridades estadunidenses se solidarizaran con el movimiento de los indignados en España o con las violentas revueltas de inmigrantes y de marginados que estallaron hace unos años en París y en Londres.
La moraleja es desoladora: el derrocamiento de Yanukovich –quien era, a fin de cuentas, e independientemente de sus extravíos, un mandatario electo– por las protestas opositoras no implica un avance hacia la democratización de Ucrania, sino un mero recambio de facciones en la cúpula del poder con miras a un realineamiento del país hacia Occidente.
