Comuneros de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, acordaron declarar su localidad zona libre de minería y destituir al presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro, pues presumen que ayudaba a la instalación de una mina de oro.

Los indígenas nahuas se reunieron en la casa de usos múltiples de Zacualpan (poblado de unos 3 mil habitantes) para realizar una asamblea general que se había suspendido en varias ocasiones desde diciembre pasado.

Acudieron 96 comuneros de un total de 256, y el notario público número 4, Pablo Castañeda de la Mora.

Guzmán Teodoro, presente en la asamblea, fue sustituido por Guadalupe Rincón Carpio. Los indígenas acusan al primero de estar ligado a Rigoberto Verduzco, dueño de la concesión minera, quien ofreció 15 mil pesos a cada comunero para cambiar el uso de suelo y explotar el yacimiento.

Por unanimidad, los comuneros decidieron impedir la exploración de sus tierras y la instalación de minas de oro o plata.

El viernes, los indígenas protestaron con cacerolas frente a palacio de gobierno para exigir la intervención del gobernador Mariano Anguiano, y en las oficinas de la Procuraduría Agraria demandaron rechazar la instalación de la mina.

La titular de la PA, María Elena Díaz Rivera, aseguró que más de 90 por ciento de los comuneros están en contra de la instalación de las mineras, pero grupos provenientes de Chihuahua, Michoacán y Puebla han creado conflictos entre los habitantes.

En San Luis Potosí, continúan estancadas las investigaciones sobre el accidente ocurrido el 12 de febrero en el yacimiento de Industrial Minera México en el municipio de Charcas, donde perecieron cinco trabajadores.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Miguel Cardoza Mora, aclaró que la averiguación del Ministerio Público es independiente de las investigaciones sobre seguridad e higiene que efectúan las autoridades laborales.

Las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos dieron a conocer que no se ha presentado un dictamen del peritaje realizado en el Tiro de Leones, donde quedaron los cuerpos de los mineros.

Cardoza Mora afirmó que los familiares de los mineros deberán ser indemnizados conforme a la ley.