Pagaron hasta $2.8 millones por viviendas sin drenaje ni electricidad en áreas comunes
Un juez federal determinó que el delito ya prescribió y ordenó liberar a los denunciados, pero los colonos interpusieron apelación
Aseguran que los empresarios gozan de protección oficial
Lunes 24 de febrero de 2014, p. 33
Mexicali, BC, 23 de febrero.
Vecinos del fraccionamiento residencial La Toscana, quienes presentaron ante un tribunal federal una demanda por fraude en contra de los desarrolladores José Antonio Moreno Buenrostro y Saúl Moreno Caballero, denunciaron amenazas de muerte y de daños a su patrimonio.
Ricardo Arturo Pedroza Godínez, Jesús Oliva Ponce y Martha Vivier Alvídrez Covarrubias, residentes del fraccionamiento, acudieron al Centro de Justicia Alternativa Penal para denunciar que han sido amedrentados tras denunciar por fraude a los empresarios, quienes les vendieron casas a precios de un millón 600 mil hasta 2 millones 800 mil pesos. Compramos confort y tenemos aguas negras y amenazas
, señalaron.
En los expedientes 0202-2014-05623, 0202-2014-05635 y 0202-2014-06071 del nuevo sistema de justicia penal, señalaron que Moreno Caballero ha enviado a un guardaespaldas identificado como Ricardo Méndez Herrera para intimidarlos.
Oliva Ponce comentó que un guardia del empresario le confió que Moreno Caballero le ordenó golpearlo en diciembre de 2012, y fue despedido por negarse.
Aseguró tener grabaciones de la reprimenda al guardia por negarse a hacer daño a los habitantes de Toscana Residencial; asimismo responsabilizó a Moreno Buenrostro y Moreno Caballero de los daños que pudieran sufrir él o su familia.
Pedroza Godínez dijo que fue amenazado por Moreno Caballero, quien le gritó ¡me las vas a pagar!
y le hizo una seña en forma de pistola con la mano derecha, lo que da temor, ya que los vecinos interpusimos una denuncia por fraude, pues encontramos varias irregularidades en el fraccionamiento
.
Agregó que un guardia le entregó unas grabaciones en las que un hombre (presuntamente el empresario) le ordenó verificar si Pedroza Godínez estaba en su negocio. El denunciante aseguró que el constructor contrató a un grupo de personas para hacerle daño, pero no me encontraron
.
Alvídrez Covarrubias declaró que la mañana del 18 de diciembre de 2013 salió de su casa y encontró a Moreno Caballero, quien hizo señas pasándose la mano por el cuello
. Señaló que ya entregó sus grabaciones al agente del Ministerio Público Arturo Ernesto Jasso Lucero.
En octubre de 2011 un grupo de vecinos acudió a la procuraduría estatal para denunciar por fraude a José Antonio Moreno Buenrostro y a Saúl Moreno Caballero. La causa penal 109 quedó asentada en el juzgado quinto de lo penal, a cargo del juez Juan García Alberto, quien al principio se declaró incompetente y argumentó que la denuncia era civil y no penal. El Ministerio Público presentó una apelación ante la sala cuarta del Poder Judicial del estado y los magistrados confirmaron el delito de fraude.
Con el lema La Toscana Residencial le cambia la vida
se ofreció a los compradores que contarían con iglesia, cancha de tenis, casa club, alberca y 6 mil 500 metros de áreas verdes. Los interesados dieron enganches de 30 mil dólares. Hoy carecen de drenajes sanitario y pluvial, de bardas perimetrales, de luz en áreas comunes, y la Comisión Nacional del Agua les canceló una planta por contravenir las disposiciones legales.
Los magistrados señalan que Moreno Caballero y su yerno, Moreno Buenrostro, hicieron publicidad engañosa, por lo que ordenaron indemnizar a los afectados; a su vez, el juez quinto penal giró orden aprehensión en su contra el 3 de mayo de 2013.
Los vecinos señalaron que los arrestos no se ejecutaron porque los empresarios se ampararon y eran protegidos
por el entonces procurador de Justicia Rommel Moreno Manjarrez.
Durante el proceso, agregaron, el juez aceptó justificación tras justificación
. Cuando Saúl Moreno finalmente se presentó en el juzgado se le dictó auto de formal prisión, pero sus abogados mostraron el amparo y el juez federal de la sala 14, Jorge Alberto Garza Chávez, dictaminó que el delito de fraude había prescrito y ordenó liberar a Saúl Moreno y a José Antonio Moreno.
Los afectados apelaron y esperan la respuesta de la sala cuarta del Poder Judicial del estado.