La tragedia de 65 mineros que, atrapados, murieron en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, así como la lucha contra la avaricia y la corrupción en México constituyen el núcleo de libro El colapso de la dignidad, de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero (La Jornada-Colofón), del cual ofrecemos un adelanto a nuestos lectores. El volumen será presentado por Carlos Fernández-Vega y Néstor de Buen, el 1º de marzo, a las 11:45 horas, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Homicidio Industrial, el desastre en Pasta de Conchos

Con base en su irrefutable negligencia, yo acusé a Grupo México y a los principales funcionarios de la Secretaría del Trabajo de haber cometido un Homicidio Industrial. En Pasta de Conchos, frente a las familias, los voluntarios y los reporteros señalé los crímenes de los que Grupo México era responsable: su incumplimiento de los estándares de seguridad requeridos por la ley y la violación del contrato colectivo firmado con el Sindicato Minero en el año 2005, en cuyo artículo 68, sección 13, se establece que: La Compañía debe mantener las minas en un estado que garantice un alto nivel de protección para la vida y la salud de los obreros. Con este propósito, cada uno de los pozos deben tener su correspondiente vía de salida, que debe ser lo suficientemente amplia para garantizar la óptima ventilación de la mina y el tránsito de los mineros.

Las múltiples violaciones de Grupo México a las leyes…

Grupo México también violó la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 132, sección XVII, exige a todas las compañías –no solamente a las mineras–: cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios.

La corporación también violó el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su Sección XIV: Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo mediante un intermediario.

También se violó la sección XV del mismo artículo de la Constitución, donde se dice que: El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte mayor la garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.

El gobierno nunca exigió a Grupo México corregir fallas…

A pesar de que estuvo informada al respecto y era su deber garantizar el cumplimiento de la ley, la Secretaría del Trabajo nunca exigió a Grupo México la corrección de las deficiencias señaladas ni tampoco le impuso ningún tipo de sanción por las violaciones anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, la Secretaría se levantó en defensa de la compañía, descargando toda la culpa en los mineros que perdieron su vida en lo profundo de la mina de Pasta de Conchos. No obstante, el comité establecido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para investigar lo sucedido en la explosión, llegó a la conclusión siguiente: el gobierno mexicano no hizo todo lo que razonablemente se esperaba del mismo para evitar o minimizar los efectos del accidente que produjo efectos tan devastadores y causó la muerte de los 65 mineros.

En aquellos días después de la explosión, Francisco Javier Salazar, secretario del Trabajo de Fox, se hallaba totalmente concentrado en defender los intereses financieros de Grupo México, consorcio con el cual tenía negocios con sus dos compañías. Además, su yerno Pedro Camarillo era el delegado de la STPS en Coahuila, y su hijo, Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, era presidente de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, que otorgaba las concesiones para la explotación del gas. Recordamos perfectamente que cuando Fox asumió el poder declaró que su gobierno era de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios, traicionando de esta forma a los ciudadanos que votaron por él con la esperanza de una recuperación económica, desarrollo, expansión de oportunidades, y la construcción de un mejor futuro para todo el país.

A veces me preguntan si era responsabilidad del Sindicato Minero prevenir la tragedia del 19 de febrero de 2006. Creo que la gente que se cuestiona si nosotros teníamos en parte la culpa por lo ocurrido no comprende la realidad del sistema absurdo e irracional contra el que luchamos. Las medidas para la prevención de desastres forman parte de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, pero si no hay un gobierno responsable para controlar el cumplimiento de estas obligaciones, las violaciones van a continuar ocurriendo y seguirán repitiéndose tragedias como la que acabábamos de presenciar.

La empresa nunca invirtió para dar seguridad en sus minas…

Para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores en Pasta de Conchos tendríamos que permanecer en huelga permanente, puesto que a pesar de las grandes ganancias de Grupo México –y a pesar del hecho de que su riqueza dependía de los esfuerzos y el sacrificio de los mineros– la compañía casi no realizaba ningún tipo de inversión en la seguridad de las minas de carbón de Coahuila. Así pues, aunque nos enfrentábamos a una compañía fuertemente comprometida a no gastar un solo centavo en la seguridad de sus trabajadores, y a un gobierno de derecha que daba todo su apoyo a los empresarios, nosotros continuamente nos levantábamos en huelga para hacer escuchar nuestras preocupaciones sobre el estado de muchas minas en México. Cada uno de nuestros trabajadores tiene la instrucción –recibida por parte del Sindicato Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y por mí personalmente– de suspender toda actividad laboral en el caso de encontrar el más mínimo riesgo a su vida al interior de la mina, hasta que las fallas sean corregidas o se verifique que no existe peligro. Si el riesgo persiste, el trabajador debe pedir el cierre de la mina o el cese de las actividades hasta que el problema sea solucionado. Pero lo anterior no es tan fácil, porque los mineros mexicanos necesitan trabajo y muchos están dispuestos a arriesgar sus vidas para poder sostener a sus familias. No es seguro, me dijo Adrián Cárdenas Limón, uno de los trabajadores subcontratados por General de Hulla, pero necesitamos el trabajo. No hay salida.

El error no estuvo en nuestra falta de atención respecto a los peligros: entre los años 2002 y 2005, convocamos a catorce huelgas diferentes en contra de Grupo México. La mayor parte de estas huelgas fueron en protesta porque las condiciones de trabajo en las minas controladas por la empresa no se ajustaban a los estándares requeridos. Los reportes preparados con toda honestidad por la Comisión Mixta de Salud, Seguridad e Higiene iban a servir como base para la huelga en Pasta de Conchos y también para denunciar a Grupo México por sus violaciones del contrato colectivo en materia de salud, seguridad, higiene y otros aspectos.

Hay denuncia penal por homicidio Industrial, que sigue pendiente…

…estos mismos documentos sirven ahora como fundamento, junto con los testimonios de los rescatistas, para la denuncia penal por Homicidio Industrial presentada por el Sindicato Minero en contra de Grupo México y sus accionistas, así como también en contra de Francisco Xavier Salazar y el resto de funcionarios e inspectores responsables en la Secretaría de Trabajo. Tristemente, nuestra batalla para que los responsables sean juzgados todavía continúa, más de siete años después de la tragedia.

Por supuesto, aquella catástrofe inesperada les ofreció al gobierno, a Fox y a las compañías mineras una nueva oportunidad para continuar los ataques contra el Sindicato Minero que habían comenzado días antes del accidente. En lugar de enfrentar su culpa por lo ocurrido, decidieron redoblar sus esfuerzos para destituirme como líder del sindicato. En su ignorancia, creían que sus ataques contra mí y contra la organización nos obligarían a rendirnos en cuestión de semanas y pedirles de rodillas una tregua o una negociación. Estaban muy equivocados, y continúan estándolo. Nunca nos hemos olvidado de los cuerpos de los sesenta y tres colegas abandonados a 120 metros bajo tierra, quienes todavía esperan una digna sepultura. Tampoco hemos olvidado quién los puso allí.