El Estado debería velar por los derechos laborales de los trabajadores más débiles y desprotegidos, como es el caso de los jubilados de Mexicana, y no por los intereses de los poderosos, señalaron académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialistas en temas laborales.

Obviamente no ha habido una respuesta del gobierno sobre el conflicto. Ahí hay disimulo gubernamental muy grave, porque en lugar de que asuma una responsabilidad de otorgarles protección laboral, los dejan a su suerte. Es alarmante que las autoridades no cumplan con ese principio constitucional que es estar de lado de los más débiles dijeron.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador en derecho laboral de la unidad Azcapotzalco, señaló que en el caso de los jubilados, quienes desde hace tres años y medio no han recibido pago de sus pensiones, la administración federal es la que debería asumir una responsabilidad supletoria de brindar protección y garantizar que estas personas, dada su condición de edad, no dejen de percibir remuneraciones, sobre todo porque la seguridad social es un derecho humano.

Por separado, Enrique de la Garza Toledo, especialista en sociología del trabajo, organizaciones laborales y sindicatos, comentó que el caso de Mexicana ha tenido infinidad de irregularidades, entre ellas el uso indebido del fondo del sindicato.

“El gobierno federal hubiera actuado en todo este problema desde un principio y no hasta ahora. Además tiene que investigar minuciosamente cómo estaba el fondo de pensiones y si había mal uso de esos recurso por la empresa, como al parecer sucedió; que se castigue a los responsables y le paguen a los trabajadores y jubilados.