Senadores advirtieron que pese a la reforma político electoral los gobernadores podrían seguir cooptando a los órganos electorales estatales, lo que pondría en riesgo la calidad y transparencia de los comicios.

En tanto, magistrados electorales cuestionaron el diseño de la reforma al considerar que no precisa sobre las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ni considera la capacidad de esta instancia para resolver los conflictos electorales en los estados.

Durante el seminario La reconstrucción de las instituciones electorales y los dilemas de la legislación secundaria, el senador Manuel Camacho Solís (Partido de la Revolución Democrática) alertó que el presidente de la República pudiera ser “quien decida el liderazgo de los partidos políticos y termine por cooptar al sistema partidista en su conjunto.

Veo el peligro de que todo este nuevo diseño en materia político electoral termine finalmente en un grupo que va a tomar las decisiones y tal vez ese grupo no tenga la capacidad, honestidad e imparcialidad necesarias para implementar este nuevo sistema, afirmó.

Por su parte, el panista Roberto Gil Zuarth mencionó que aunque las condiciones jurídicas están dadas para sacar adelante las leyes reglamentarias en la materia durante el actual periodo de sesiones, hay riesgo de que no hubiese voluntad política para ser votadas en el Congreso.

El senador priísta Enrique Burgos indicó que urge el diseño de esas normas, pero con la más amplia participación de los actores vinculados, como magistrados electorales locales.

Irma Méndez de Hoyos, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuestionó por su parte que la reforma no ataque de fondo los delitos electorales y no especifique sobre el perfil de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Armando Maitret, magistrado de la sala regional del Distrito Federal del TEPJF, recordó que a este órgano electoral sólo llegan 30 por ciento de los conflictos electorales y no sé si tenga la estructura suficiente para poder solventar la totalidad de estos problemas a escala nacional.

Creo que no hemos hecho cuentas de que no estamos preparados para afrontar el reto, incluida la cuestión presupuestal y para allegarse de personal capacitado. Se pronunció por que se establezca una carrera profesional en la materia.

También alertó que para la integración del actual comité de evaluación del INE se considerarán dos propuestas de los comisionados del Ifai que ni siquiera han sido ratificados, lo que en materia jurídica puede poner en crisis todo ese proceso de designación.

Santiago Nieto Castillo, magistrado del TEPJF con sede en Toluca, estableció que no quedan claros los límites de actuación del INE y los requerimientos para los magistrados.

Se pronunció por la creación de un juzgado penal que sólo atienda delitos electorales, bajo la advertencia de que la única sanción que en la actualidad se aplica es por alteración al registro federal de electores y no, por ejemplo, por la participación de la delincuencia organizada en comicios o conductas que inhiban la libertad de sufragar.