Indígenas nahuas de Ostula, en la costa michoacana, demandaron a los gobiernos federal y estatal “el cese inmediato de los ilegales operativos de policías federales ministeriales y agentes del Ministerio Público”, que amenazan con desalojar a los comuneros de Xayakalan, donde enfrentan un conflicto –con saldo de 32 comuneros asesinados o desaparecidos– con pequeños propietarios de La Placita, algunos de ellos cabezas del crimen organizado en la región. Exigieron asimismo garantías para el funcionamiento de su Policía Comunitaria.

En un comunicado de la Comisión por la defensa de los bienes comunales de Santa María Ostula, recordaron que esas tierras se localizan dentro de sus títulos primordiales del siglo XVIII y de su resolución presidencial, y actualmente hay un juicio agrario en trámite, así como el compromiso con el Ejecutivo federal de una solución concertada a dicho conflicto.

Subrayan que la presencia amenazadora e ilegal de policías federales ministeriales en Xayakalan, supuestamente enviados para combatir al crimen organizado, pareciera ser la continuación de las condiciones de guerra no declarada que vive Ostula.