El Seguro Popular no alcanzó la cobertura universal en 2012, como anunció el gobierno calderonista, y las 341 enfermedades que atiende representan sólo 2.4 por ciento de las registradas en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2012.

Entre las auditorías hechas a la Secretaría de Salud (Ssa) está la relativa a las actividades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular.

La ASF no encontró evidencia de que ese esquema, considerado tercer pilar del sistema de salud, cumpliera con el objetivo de mejorar las condiciones de los afiliados ni garantizó el acceso efectivo de los pacientes a los servicios médicos.

De hecho, detalla que la CIE de la Organización Mundial de la Salud contiene 14 mil 176 padecimientos, los cuales están cubiertos totalmente en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y en 59 por ciento por los servicios médicos de Petróleos Mexicanos.

La ASF también encontró que la CNPSS carece de mecanismos de información y control sobre los recursos económicos que los gobiernos de los estados deben destinar a la operación de los servicios médicos para los afiliados del Seguro Popular.

De acuerdo con la Ley General de Salud, el financiamiento proviene del gobierno federal con una cuota social de 880.2 pesos y una aportación solidaria de mil 320.3 pesos por afiliado.

A los estados corresponde una aportación solidaria de 440.1 pesos y los beneficiarios que por su nivel de ingresos no están exentos de la cuota anual pagan entre 2 mil 74.97 y 11 mil 378.86 pesos.

En el año auditado, el gobierno federal contribuyó con 52 mil 43 millones 607 mil pesos, pero la CNPSS carecía de la información sobre los montos de las aportaciones de las entidades y de las cuotas familiares.

Respecto de estas últimas, la ASF explica que de las 32 entidades de la República, sólo seis no captaron cuotas de los afiliados: Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala. De las 26 restantes, la CNPSS no presentó informes sobre esos ingresos ni acerca del uso que se les dio.

La ley establece que ese dinero se ha de invertir en medicamentos, equipos y otros insumos para la salud.

La comisión, que en 2012 estaba a cargo de David García Junco, tampoco acreditó que hizo la transferencia de más de 52 mil millones de pesos de la Federación a los estados en el plazo previsto por la ley de 10 días hábiles.

En ese año, el organismo reportó la afiliación de 52 millones 908 mil 11 personas, cifra que superó en uno por ciento la meta prevista para el periodo. Aún así, al término de 2012 más de 7 millones de personas carecían de acceso a los servicios de salud.

Otro componente del Seguro Popular es el Fondo de Previsión Presupuestal, al cual ingresaron 4 mil 160.9 millones de pesos, de los cuales 75 por ciento tenían que haberse destinado a atender las necesidades de infraestructura en los estados con mayor marginación social.

La ley se incumplió en este tema, pues se invirtió 65.3 por ciento de los recursos en 14 de esas entidades.

La ASF recomendó que la CNPSS investigue las causas de esa situación y aplique las acciones correctivas necesarias.