Pasta de Conchos
asta de Conchos cumple ocho años, un aniversario más de impunidad de una tragedia en la que no sólo quedaron bajo tierra 63 cuerpos de mineros aún reclamados por sus familiares, sino los derechos de miles de trabajadores que siguen muriendo por la falta de condiciones laborales.
La explosión de la mina, en Coahuila, desnudó una vez más la cadena de complicidades entre empresarios y gobiernos en turno que les conceden todo, incluso ahora una reforma a la Ley Federal del Trabajo que perpetuará las condiciones en que han muerto 105 mineros de 2006 a la fecha en pocitos y minitas de arrastre.
El 19 de febrero de 2006 se cimbraron las entrañas de la mina ocho, una explosión que pudo evitarse si se hubieran atendido los reportes de fallas registradas desde el año 2000. Y no sólo eso, pues la empresa Industrial Minera México se negó, y se sigue negando, a rescatar los cuerpos de 63 de las 65 víctimas. Los familiares cumplen ya 96 meses de peregrinaje por todas las instancias gubernamentales esperando que les entreguen los cuerpos. Su conclusión es que las autoridades trabajan por los intereses de las mineras, no de sus gobernados
, y no han querido invertir lo que se requiere para el rescate, como si los cuerpos sin vida no valieran nada.
La justicia, por supuesto, brilla por su ausencia. Ocho años sin culpables, ni un solo responsable tras las rejas, sin sentencias ni investigación alguna. No hay nada. Pero las voces de los familiares siguen gritando por sus muertos y, sobre todo, porque no haya uno más. El caminar de todo este tiempo los ha hecho concientes y ahora su lucha no es sólo por los suyos, sino por los trabajadores de las minas que laboran en condiciones inhumanas.
La empresa, por su parte, insiste en que es imposible el rescate, pero esto se ha hecho en la región durante los más de 100 años que llevan operando las minas. No hay voluntad política y los intereses económicos de la mina se imponen.
Para el grupo Industrial Minera México la vida de sus trabajadores costó 180 mil pesos cada uno. Con la indemnización presionaron para silenciar a los familiares. No lo consiguieron y hoy, ocho años después, siguen en la lucha. Reclaman los cuerpos, castigo a los culpables y que se mejoren las condiciones de trabajo en minas y pocitos, pues tan sólo el pasado 12 de febrero cinco hombres murieron en la mina Las Charcas, propiedad también de Industrial Minera México, de Grupo México.
Un salario de 750 pesos por 12 horas de trabajo diario es por lo que exponen su vida miles de trabajadores en las empresas mineras, que han hecho de México su paraíso.
