e acuerdo con datos divulgados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el sexenio de Felipe Calderón la economía nacional se expandió a un promedio anual de 1.9 por ciento, un limitado crecimiento (que) se reflejó en precarias oportunidades de empleo formal, agravó la informalidad e implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud para la mayor parte de la población.

Aparte del desastre en materia de seguridad pública, impunidad y distorsión de la justicia, el económico es el principal saldo trágico dejado por una administración que tenía como lema Vivir mejor y que se jactaba de una cobertura universal de salud que sólo existió en los productos de la propaganda presidencial.

Es pertinente apuntar que uno y otro ámbitos están estrechamente relacionados: no puede haber un estado de derecho sólido ni paz pública en un entorno nacional de gravísimo desempleo y no puede ignorarse que la delincuencia organizada es, a fin de cuentas, mayoritariamente la expresión más extrema y descompuesta de la informalidad económica. De esta manera es posible confirmar la veracidad y la justeza de los señalamientos formulados por múltiples voces desde diversos sectores desde los primeros días de la admnistración calderonista en el sentido de que una política de seguridad pública y combate a la delincuencia que no tomara en cuenta la reorientación económica para beneficio de la población estaría de antemano condenada al fracaso.

En el ámbito estrictamente económico, también se advirtió con insistencia al político michoacano que la fórmula de concentrar la riqueza sin distribuirla y beneficiar a los sectores especulativos en detrimento de los productivos no resultaría suficiente para detonar las tasas de crecimiento que el país necesitaba –y que sigue necesitando– para reveritr, así fuera parcialmente, la catástrofe social causada por el modelo neoliberal implantado en el país desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Pero Calderón no quiso escuchar tales advertencias y se empecinó en una política económica inspirada en la ortodoxia del Consenso de Washington. El resultado está a la vista.

Por desgracia, en materia de crecimiento económico insatisfactorio no hay diferencia entre el sexenio de Calderón y el primer año del presidente Enrique Peña Nieto, durante el cual el indicador respectivo fue de sólo 1.3 por ciento, tasa insuficiente no sólo para mejorar el nivel de vida de la población sino incluso para empezar a revertir el pronunciado deterioro que ha acumulado en el curso de las sucesivas presidencias neoliberales.

Es tiempo de reconocer, en suma, que no puede haber Estado fuerte, en ningún sentido, sin un mercado interno fuerte, sin un mínimo bienestar para la población y sin una política que priorice las necesidades sociales por sobre los intereses de los grandes capitales, y actuar en consecuencia.