Los sindicatos de pilotos y trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación calificaron de ‘‘triunfo legal’’ el que la Procuraduría General de la República (PGR) haya girado una orden de aprehensión en contra del empresario Gastón Azcárraga, y dijeron confiar en que el Poder Judicial actuará conforme a derecho contra quien fue propietario de la aerolínea.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), encabezada por Carlos Díaz Chávez Morineau, ha presentado ocho demandas contra Azcárraga por diversas causales, cuyos procesos han llevado varios años.

Según señaló esta asociación, son múltiples las querellas que pesan sobre el empresario y no sólo de los trabajadores de Mexicana, sino de otras fuentes, por lo que tendrá que responder a todas, pero lo fundamental es que se trata de un logro de la justicia.

En julio de 2013, la demanda que interpuso ASPA contra Azcárraga fue por malos manejos en los recursos financieros de Mexicana de Aviación y por considerarlo responsable de la quiebra fraudulenta de la aerolínea.

Otros recursos legales presentados por ASPA contra el empresario señalan como causales la supuesta sustracción de 198 millones de pesos de las arcas de la aerolínea; la venta de empresas subsidiariarias de Mexicana de Aviación; la contratación fraudulenta de servicios de tecnología que se prestaban a la aerolínea por parte de firmas del Grupo Posadas, y la probable omisión de Azcárraga Andrade al no informar a los inversionistas sobre la suspensión de operaciones de Mexicana, entre otros.

La asociación de pilotos ASPA señaló que se ha dado puntual seguimiento a las demandas a través de largos procesos judiciales, los cuales continuarán su curso.

También hizo ver que esta nueva situación facilitará el proceso del concurso mercantil, ya que se podrá demostrar que el empresario fue quien llevó a la quiebra financiera a la aerolínea.

Sobre el tema, Miguel Ángel Yúdico, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Similares (empleados de tierra), hizo ver que el anterior gobierno había protegido al empresario, quien tiene demandas no sólo de trabajadores, sino de acreedores, socios y hasta de sus familiares.