Xochimilco y Tlalpan son las delegaciones donde persiste la mayor presión para invadir áreas verdes y suelo de conservación, con el fin de construir vivienda, a grado tal que los lotificadores han salido de la clandestinidad y ofertan sus terrenos en anuncios clasificados de los diarios o en los de segunda mano, aseguró Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

En entrevista, tras la instalación del comité cero crecimiento en la delegación Magdalena Contreras, el servidor público explicó que la dependencia a su cargo se organiza con diferentes instituciones, autoridades delegacionales y las propias comunidades para identificar ese tipo de invasiones, porque a veces no nos llegan las denuncias.

Aunque ya no hay las grandes ocupaciones o ventas de áreas verdes que se registraron en los años 70, abundó, aún existen delegaciones muy demandadas en las que por conducto de diferentes medios de difusión se venden lotes en sitios donde no se puede construir, como se identificó recientemente en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.

Detalló que además de la instalación de comités de asentamientos irregulares, donde después de un análisis se decide si se regularizan o reubican, la PAOT también instala módulos para recibir denuncias, pero también para orientar a la población, con el fin de prevenir que no se dé la afectación al suelo de conservación. Hay personas de buena fe que buscan atender su necesidad de vivienda, pero en algunas ocasiones adquieren los terrenos en áreas verdes, apuntó.

Refirió que, de acuerdo con un diagnóstico elaborado en 2010, en las nueve delegaciones del Distrito Federal con suelo de conservación se ha identificado un total de 850 asentamientos irregulares, con más de 20 mil viviendas, y distintos grados de consolidación y antigüedad.

Al margen de estos asentamientos, destacó que se han dado invasiones como las del paraje Los Zorros, en el Ajusco, de la delegación Tlalpan. El desalojo se originó a partir de una alerta que generamos porque se provocó un incendio y en la atención nos dimos cuenta de que ya estaban poniendo cal para seguir lotificando. Con esto, más la información que el gobierno tenía, se generó esa intervención, comentó.

En el acto, la jefa delegacional de Magdalena Contreras, Leticia Quezada, señaló que los 11 asentamientos irregulares en la zona alta de la demarcación, donde habitan alrededor de 5 mil familias, serán evaluados para una eventual reubicación, pues la mayoría, además de ubicarse en suelo de conservación, están en riesgo al encontrarse sobre laderas de barrancas.

Dijo que recibe presiones de diputados de distintos partidos, incluido el PRD, para dotar de servicios a estos sitios, pero bajo ninguna circunstancia, advirtió, permitirá que se mantenga el juego político de utilizar a la población con propósitos electorales.