Buenos Aires, 17 de febrero.

El regulador argentino de medios de comunicación aprobó este lunes la reorganización empresarial propuesta por el gigante Grupo Clarín para dividirse en seis unidades de negocios y así adecuarse a la ley audiviosual aprobada en octubre de 2009, luego que el emporio mediático agotó todos los recursos legales para evitar su aplicación.

La ley establece para cada grupo audiovisual un límite de 35 por ciento del mercado: diez licencias de señal abierta y 24 de cable; Clarín, cuenta hasta ahora con más de 240 licencias.

El conglomerado, el mayor grupo de medios de Argentina, planteó su escisión para cumplir con la ley antimonopolio tras una batalla legal de cuatro años que terminó en octubre pasado con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la norma.

Clarín tendrá 180 días para concretar su división, que podrá llevarse a cabo mediante la venta de licencias para operar radios y canales de televisión o a través de su distribución entre los actuales accionistas del grupo.

Vamos hacia un panorama de servicios audiovisuales mucho más plural, más democrático, con más libertad, sin que ningún patrón le imponga condiciones y agenda al resto de los medios, dijo en un comunicado el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella.

El grupo, un fuerte crítico de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, controla el principal operador de televisión por cable del país, el diario de mayor tirada, las radios más escuchadas y dos de los canales de televisión con mayor audiencia, entre otros activos.

El grupo resistió judicialmente la ley de servicios de comunicación audiovisual con el argumento de que busca acallar voces que cuestionan a Fernández, quien defendió la norma como una forma de democratizar los medios y combatir monopolios.

La Suprema Corte de Justicia declaró el pasado 30 de octubre la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, al resolver al favor de la posición del gobierno argentino.