Un día después de que las 21 organizaciones de vagoneros empezaron a entregar los padrones de agremiados al gobierno capitalino, su número se redujo drásticamente en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Mientras, la presencia de uniformados se incrementó a bordo de trenes, andenes, pasillos, correspondencias y torniquetes.

En un recorrido por las líneas 1, 2, 3 y B, que mueven en conjunto alrededor de 65 por ciento de los 5 millones de pasajeros diarios, se constató que fueron pocos los vendedores que ofrecieron sus productos, ante el temor de ser remitidos al juzgado cívico.

Los menos llevaban su mercancía en pequeñas bolsas negras de plástico, acompañados de otra persona, que les echaba aguas para pasar de un vagón a otro, sin que les compraran y fueran interrogados por los usuarios sobre si todavía pueden vender, por lo que decían que ya estaban fuera.

Al entrar en vigor el acuerdo para inhibir el comercio ambulante en el Metro, la secretaria del Trabajo del Distrito Federal, Patricia Mercado, informó que hasta ayer mil 500 vagoneros se habían inscrito en el programa para integrarlos a la formalidad.

Explicó que la Secretaría de Desarrollo Económico realiza un estudio de cada una de estas personas para determinar quiénes califican de manera directa para poner pequeños negocios en el Metro; mientras el resto recibirá cursos de capacitación para el trabajo.

El consejero Jurídico y de Servicios Legales capitalino, José Ramón Amieva, dijo que, en promedio, diariamente 60 vendedores son presentados ante un juzgado cívico por ejercer esta actividad en el STC, aunque confió en que este número se reduzca considerablemente con el acuerdo alcanzado.

Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, no descartó reformar la Ley de Cultura Cívica para que la sanción sea arresto inconmutable, ya que en la actualidad lo pueden evitar con el pago de una fianza.

Por otra parte, Benjamín Cárdenas, coordinador de la defensa jurídica contra el aumento a la tarifa del Metro de la iniciativa Tú Mandas, interpuso una demanda de juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en contra del alza, al negarse el gobierno a responder afirmativamente el recurso de inconformidad que interpusieron.