Oaxaca, Oax., 16 de febrero.

Con la ratificación de su lucha contra las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, el llamado a lanzar en todo el país un plan unitario de acciones de todos los contingentes magisteriales, y el rechazo a cualquier alianza con fines electorales, concluyó el tercer congreso nacional extraordinario del magisterio disidente.

Reunidos en el auditorio Enedino Jiménez del hotel del magisterio, delegados efectivos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aprobaron desconocer a Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por promover los intereses de la oligarquía empresarial y causar un grave daño a la educación pública.

Además de ratificar la permanencia del plantón nacional en la ciudad de México, el cual deberá ser reforzado por docentes del país, se aprobó boicotear la aplicación del examen de selección para el ingreso al servicio docente, previsto para el 12 de julio.

Los representantes de al menos 27 estados también acordaron trazar una ruta de información, discusión y consulta a las bases sobre la participación de la CNTE en la creación de una central de trabajadores, por lo que se acordó nombrar una comisión que asista a la ceremonia de su fundación este 22 de febrero, y dar un saludo y posicionamiento político.

Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, aseguró que con este congreso extraordinario la CNTE avanzó en términos políticos, no sólo porque logramos la presencia de 27 estados y 547 delegados, sino porque en los hechos estamos demostrando que la coordinadora ha desplazado a la representación del sindicalismo oficial, por una defensa viva y real de los intereses del maestro.

Otro acuerdo, dijo, fue el replanteamiento de la lucha jurídica de la CNTE ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha actuado como apéndice de los poderes fácticos contra los trabajadores, en particular, del magisterio. Por ello, indicó, se buscará internacionalizar la lucha de los maestros ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la sesión plenaria con la que concluyeron los trabajos del encuentro, y donde se aprobaron los resolutivos de las cinco mesas de trabajo, se acordó un nuevo plan de acción estratégico: iniciar una jornada de lucha en los estados para evitar la armonización de la reforma educativa con protestas ante los congresos locales, y campañas de difusión por escuela, barrio y colonia, así como mantener abierta a la consulta de los maestros el llamado a otro paro nacional de labores.

Los maestros disidentes crearán una comisión de brigadeo nacional para acudir a todas las entidades donde haya bloques no consolidados del magisterio disidente, a fin de fortalecer su vínculo con el movimiento. También se convocará a un congreso nacional educativo en los próximos meses.

En cuanto a las movilizaciones, se propone participar en actos de protesta este 17 y 19 de febrero en el contexto de la llamada Cumbre de las Américas, en Toluca, estado de México.

Docentes de todo el país se sumarán a actos de protesta de forma simultánea, coordinada y en unidad los días 18 de marzo, 10 de abril, primero y 15 de mayo. Se acordó crear una plataforma organizativa que permita impulsar acciones de resistencia en los estados, a fin de preparar el camino para la huelga nacional.

Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, consideró un éxito los trabajos del congreso, en el cual, dijo, participaron representantes de 37 secciones sindicales del país. Fue un acto de unidad donde participaron de forma relevante los contingentes emergentes, por lo que buscamos consolidar la fuerza de la CNTE en el ámbito nacional. Agregó que el documento final con los resolutivos del encuentro se dará a conocer la próxima semana.

Como parte de estos acuerdos se ratificaron los principios fundacionales de la CNTE, se convocó a la unidad de todos los contingentes disidentes para llevar a cabo un plan táctico y estratégico de lucha, en el que se contempla el llamado a una asamblea nacional de organizaciones sociales en defensa de la patria, como parte de su política de alianzas.

Anunciaron también que exigirán al gobierno federal la reinstalación de maestros cesados, con anterioridad a la aplicación de las leyes secundarias, la libertad de los presos políticos, y el acceso a sus cuotas sindicales.