o que casi 20 años atrás el gobierno federal anunció como un apoyo transitorio por apenas 400 millones de pesos, hoy representa un enorme pasivo para las finanzas públicas superior a 830 mil millones, y lo que dos décadas atrás se calificó como un negocio quebrado, a estas alturas representa una inagotable fuente de utilidades para el gran capital, especialmente el extranjero.

En el ya institucionalizado esquema de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, a casi 20 años del rescate bancario por medio del Fobaproa ¿quiénes cargan con ese espeluznante pasivo y quiénes gozan de las voluminosas cuan crecientes ganancias? ¡Sorpresa!: los mexicanos y los barones del dinero, respectivamente. Unos pagan por los excesos y atracos de los barones del dinero, y éstos llenan sus alforjas.

La información más fresca revela lo siguiente: “en sólo una década (2004-2013) las utilidades de los grupos financieros, consorcios controladores de bancos, casas de bolsa, de cambio, sociedades financieras y otros intermediarios (que operan en México), sumaron 785 mil 820 millones de pesos, con tasas de crecimiento que el último año alcanzaron 20.7 por ciento, 16 veces más que la dinámica de la economía, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores… 21 grupos financieros concentran activos por 6 billones 518 mil millones de pesos, equivalentes a 40 por ciento del valor actual de la economía mexicana. Del total de esos activos, 84 por ciento están concentrados en seis instituciones: BBVA Bancomer (española), Banamex (estadunidense), Banorte (mexicana), Santander (española), HSBC (británica) e Inbursa (mexicana)” (La Jornada, Roberto González Amador).

En castellano simple, los barones del dinero se han embolsado lo que los mexicanos, todos, han pagado, y siguen pagando (en dinero, crecimiento económico y bienestar social), por el rescate bancario, vía Fobaproa, puesto en marcha en enero de 1995 por el gobierno zedillista, un rescate que a pesar de dos décadas continuas de puntuales abonos (más los pagarés liquidados generosamente por Vicente Fox y su secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz) a estas alturas mantiene un pasivo neto superior a 830 mil millones de pesos, todos facturados a los habitantes de este país.

Si se amplía el periodo de análisis y se suman las utilidades obtenidas por la banca desde la entrada en funcionamiento del IPAB (heredero del Fobaproa), entonces las ganancias acumuladas por las referidas instituciones rozan los 900 mil millones de pesos, contra un pasivo bancario cargado al erario por más de 830 mil millones al cierre de septiembre de 2013. Por cierto, cuando el IPAB entra en operación dicho pasivo sumaba 688 mil millones de pesos. Entonces, los mexicanos pagan doble factura, es decir, la del festín privatizador que terminó en debacle, y la de los voraces banqueros que no cumplen con su función económica ni contribuyen al desarrollo nacional, pero que no tienen llenadera en eso de las ganancias.

De acuerdo con la citada información de La Jornada, las cifras oficiales muestran que la rentabilidad de las inversiones de la banca en México ha permitido a los participantes en ese sector generar, sólo en la última década, utilidades por un monto que supera en 15 por ciento al de los recursos que han invertido en el país, especialmente a partir del colapso del sistema financiero mexicano tras la devaluación del peso en diciembre de 1994. Aun cuando ha habido años con disminución en la generación de ganancias, en conjunto la última década ha reportado para los grupos financieros que operan en el país un aumento de 19.7 por ciento anual en la tasa de crecimiento de las utilidades. Este ritmo de acumulación es diez veces mayor a la tasa de crecimiento de la economía, que ha sido de 1.9 por ciento en el periodo, según datos de la CNBV.

Caso emblemático de lo anterior es Banamex. En el salinato se vendió (28 de agosto de 1991) a un grupo de inversionistas privados (la mayoría de ellos simples especuladores bursátiles, con Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú como cabezas visibles), en alrededor de 3 mil millones de dólares (el tipo de cambio de la época era de 3.2 pesos por billete verde); tres años y pico después, el banco fue rescatado por el Fobaproa, a pesar de que su situación financiera no lo ameritaba; en 2001 Citigroup compró Banamex en 12 mil 500 millones de dólares (mitad en efectivo, mitad en acciones del corporativo estadunidense; el tipo de cambio de entonces era de nueve por uno).

La parte vendedora no pagó un solo centavo de impuestos, pero obtuvo una ganancia superior a 300 por ciento si se compara el precio que en 1991 supuestamente pagó al gobierno mexicano por Banamex y el de venta a Citigroup en 2001, trasnacional que de entonces a la fecha acumula utilidades netas por 133 mil millones de pesos (más los pagarés del Fobaproa), monto equivalente a 16 por ciento del pasivo actual del IPAB.

También está el caso de Bancomer, comprado en 2004 por la trasnacional española BBVA, la cual pasó 4 mil 100 millones de dólares al grupo de inversionistas mexicano encabezados por Eugenio Garza Lagüera, quienes en octubre de 1991 pagaron, se supone, el equivalente a 2 mil 400 millones de dólares por la institución, en ese momento gubernamental. En la primera fecha citada, el consorcio español pagó 4 mil 100 millones de dólares por el último tramo accionario de Bancomer, mientras Garza Lagüera y socios no cubrieron un solo centavo de impuestos. Bancomer también fue rescatado por el Fobaproa y la factura endosada a los mexicanos. Desde que en 2004 el BBVA se quedó con el control absoluto de Bancomer, a sus arcas han ingresado más de 193 mil millones de pesos en utilidades netas, equivalentes a 23 por ciento del pasivo del IPAB.

Y va una cápsula de memoria: en enero de 1995, tres semanas después de los errores de diciembre, el Banco de México anunció un esquema de apoyo transitorio a la banca privada por cerca de 50 millones de dólares (unos 400 millones de pesos de entonces). Un mes después, el Fobaproa había canalizado mil 800 millones de dólares a esa misma banca privada. Para diciembre de ese año el apoyo transitorio sumaba 6 mil 500 millones. Al concluir 1998 superó 62 mil millones, justo cuando los diputados priístas y panistas autorizaron la conversión de dicho saldo en deuda pública y la creación del IPAB, el mismo que el 31 de diciembre de 2000 reconocía que el apoyo transitorio sobrepasaba los 100 mil millones de dólares, que los mexicanos siguen pagando mientras los banqueros se hinchan de utilidades.

Las rebanadas del pastel

¿Alguna duda sobre los beneficios de la privatización bancaria?

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