l 12 de agosto de 2013, ante el gabinete legal en pleno en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el presidente Enrique Peña apeló a la figura y los textos del general Lázaro Cárdenas del Río para justificar su iniciativa de reforma energética, mediante la cual propuso modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y con ello abrir la puerta a la iniciativa privada a la cadena de producción de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. No obstante, aseguró que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se venden ni se privatizan.

El administrador-gerente de Los Pinos mentía. Pese a tener asegurados los votos del Pacto por México para consumar el atraco del siglo a la nación, Peña había venido desplegando una demagógica y millonaria campaña de intoxicación mediática (que se mantiene hasta el presente), con eje en la falsificación histórica y una distorsión y manipulación ideológica informativas. En la jerga orwelliana (donde dice paz leer guerra), había que entender su mensaje en el sentido de que los hidrocarburos de la nación serían entregados a las trasnacionales ExxonMobil, Chevron, Shell, BP (ex British Petroleum), Amoco, Arco, Halliburton, Schlumberger, Total y Repsol YPF. Y que igual ocurriría en el ramo de la electricidad, área ya penetrada por las firmas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otras empresas extranjeras.

Lo anterior sería ratificado por Enrique Peña en Londres, el 18 de junio siguiente, cuando en el marco de una Cumbre del G-8, en una entrevista con Paul Rathbone, del Financial Times, prometió cambios a la Constitución para dar certeza jurídica a los inversionistas privados. Dos días después, el ex embajador estadunidense en México, Carlos Pascual (el del berrinche de Felipe Calderón), volvió a insistir en la necesidad de conformar un bloque energético de Norteamérica. Al participar en el Foro Regional de la Iniciativa Global de Crecimiento Verde, en Bogotá, Colombia, el actual coordinador internacional para Asuntos de Energía del Departamento de Estado, declaró a Notimex que su país trabajaba en esa perspectiva para reducir su dependencia del suministro de hidrocarburos. Según Pascual, Canadá, Estados Unidos y México poseen abundantes recursos energéticos y podrían convertirse en un importante centro de abastecimiento para el hemisferio, al tiempo que se garantizaría la seguridad energética futura.

El 30 de octubre de 2013, Alfredo Jalife informó en La Jornada que el general retirado de cuatro estrellas y ex director de la Agencia Central de Inteligencia David Petraeus dirigiría el nuevo proyecto Advenimiento de las Décadas de Norteamérica, en la Universidad Harvard, cuna de agentes de la CIA. El proyecto sería complemento de la fuerza especial sobre Norteamérica del muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, y sería copresidido por Petraeus y el ex presidente del Banco Mundial Robert Zoellick. El comité consultivo estaría integrado también por la directora de geopolítica del Proyecto de Energía en Harvard, Meghan O’Sullivan, ex consejera de seguridad para Irak y Afganistán en el Consejo de Seguridad Nacional de EU (NSC, por sus siglas en inglés).

Cuando el 6 de noviembre siguiente The Wall Street Journal reveló que el gobierno de Peña y el Partido Acción Nacional llevaban negociaciones avanzadas para promover una reforma legal que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, y conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, parecían próximos a cumplirse los viejos designios de la Casa Blanca, el Pentágono y las petroleras trasnacionales en torno a la privatización de Pemex.

Un día después, en su exposición en el Foro México-Summit 2013, organizado por The Economist, el director de finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard, insistiría en la necesidad de otorgar certeza jurídica a los inversionistas privados y abogaría por una independencia energética de Norteamérica. Ya entonces el PRI y el PAN preparaban un albazo en el Congreso. La fast track en materia energética se dio el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados: Pemex y la CFE se abrirían al libre mercado. El capital privado entraría a saco en todos los sectores de la energía y las trasnacionales extranjeras tendrían acceso a un botín de 3 billones de dólares.

El 20 de diciembre de 2013, al promulgar la contrarreforma en el patio de honor de Palacio Nacional, Peña Nieto alardeó de que mitos y tabúes habían sido superados. En tiempo récord el Diario Oficial publicó el decreto. Un día antes, el Congreso estadunidense había aprobado el acuerdo México-EU de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que junto con la Enmienda de Infraestructura Energética de Norteamérica (construcción, conexión, operación o mantenimiento de los oleo/gasoductos de hidrocarburos y la transmisión eléctrica en los límites nacionales de EU) vino a confirmar la victoria geoestratégica de George W. Bush y Barack Obama, que revive los conceptos geopolíticos que en 1942 expuso Nicholas Spykman sobre un Mediterráneo Americano en el Golfo de México y el mar Caribe.

Elevado a salvador de México por la revista Time (que aparecerá el 24 de febrero de 2014), el ilusionista de Los Pinos −nada de lo que parece es− se reunirá este miércoles 19 con Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, para otro show mediático en una Toluca sitiada por los servicios secretos de EU. Allí, Peña, asalariado del gobierno en la sombra de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), ratificará su vocación de cipayo de Washington y con su pandilla de entreguistas profundizará el destino de México como protectorado de Estados Unidos.