Cherán, Mich., 14 de febrero.

Han transcurrido entre tres y cinco años desde que sus esposos fueron levantados y no han vuelto a saber de ellos. Lo más grave –sostuvo María Juárez González, cónyuge de Rafael García Ávila, quien fue visto por última vez el 10 de febrero de 2011– es la complicidad e irresponsabilidad de las autoridades.

Durante la inauguración de la Jornada Nacional por la Memoria, la Justicia y la Verdad, que se efectuó en la plaza pública de este municipio purépecha, integrantes del concejo mayor de Cherán exigieron justicia.

En el estrado hablaron familiares de comuneros asesinados y desaparecidos, así como representantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

“Nos quisieron tapar la boca con 100 mil pesos, pero lo cierto es que no han hecho nada por encontrarlos. Hemos gastado un dineral en los traslados a Morelia para que nos salgan con lo mismo de siempre: ‘hay que esperar’”, relató María Juárez González.

Tiene tres bocas que alimentar. Se sumó al movimiento ciudadano para seguir con la búsqueda de Rafael García. “Al mes que desapareció su papá le dije a mis hijos: ‘su padre no va a volver, hay que ponernos a trabajar para salir adelante’”.

Después de meses de desaparecido su marido, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le solicitaron que hiciera estudios de ADN a sus hijos.

Pasó un año y hubo una balacera por aquí cerca. Los periódicos decían que habían encontrado unas fosas y que se trataba de cinco personas que habían sido secuestradas, apuntó.

Se presentó ante la PGJE para saber si su esposo estaba entre las víctimas. Pidió hablar con el procurador, quien le dijo que ya se había comparado el ADN y éste no coincidía.

No obstante, otro empleado le preguntó cómo quería saber si los restos pertenecían a su marido, si ni siquiera había llevado los estudios de genética. Me di cuenta de que los habían escondido o tirado. Me dio mucho coraje porque simplemente les dio la gana hacer perdedizos esos documentos. Por eso no creo en las procuradurías, subrayó.

Ese mismo día de febrero de 2011 los criminales levantaron a Armando Gerónimo Rafael, sostuvo la esposa de éste, Rosa María Hernández, tras señalar que durante este tiempo habían guardado silencio porque se lo aconsejaban las autoridades.

Mi esposo trabajaba en un aserradero de la comunidad El Pueblito, del municipio de Zacapu. Ese día, cuando venía de trabajar, de aquí de la casa se lo llevaron. Tocaron la puerta de la casa, yo estaba cocinando y después escuché que arrancó un vehículo, narró.

Desde meses antes, indicó, ellos se dedicaban a denunciar a quienes estaban saqueando los bosques. Eran 12 compañeros, pero ante las amenazas ya sólo quedaban Armando y Rafael. El primero era tesorero de bienes comunales, y el segundo secretario, también de bienes comunales, del pueblo de Cherán.

Desde 2007 se había denunciando ante las autoridades municipales y estatales, así como en la Procuraduría General de la República (PGR), que había criminales en la región, pero nunca acudió el gobierno a detener a esa gente mala. Después de que se los llevaron, funcionarios nos dijeron que esperáramos tres meses en lo que investigaban y para dar tiempo por si pedían rescate.

La gente de Cherán afirmaba que se los habían llevado Los Zetas, concretamente gente de Mauricio Cuitláhuac Hernández, El Güero, ultimado en Paracho en agosto de 2012.

En febrero de 2009 también levantaron a Tirso Madrigal Fabián, afirmó la esposa de éste, Rosa Tomás Guerrero, quien aseguró que se lo llevaron cuando trataba de cerrar un camino por donde sacaban la madera.

Destruyeron el tractor con el que estaba trabajando. Lo dejaron solo. Le dije al presidente de bienes comunales, Javier Gamba, que ayudaran a Tirso, pero se quedaron quietos. Todavía se pasea por aquí y todos saben que era cómplice de los delincuentes, pero nadie hizo caso.

Agregó que cuando fueron a ver al entonces gobernador Leonel Godoy las atendieron bien, le dieron 100 mil pesos a cada familia, pero en la Subsecretaría de Gobierno les dijeron que ya guardaran silencio, que estaban investigando. También les prometieron becas para sus hijos, las cuales no han llegado. Nos traen como pelotitas, nos dijeron que fuéramos a México para que nos atendieran rápido.

Gobierno rebasado

Durante la inauguración de la jornada, Trinidad Ramírez, del concejo mayor de Cherán, manifestó que tuvieron que enfrentarse a la delincuencia organizada y nombrar sus propias autoridades conforme a usos y costumbres, porque los tres órdenes de gobierno fueron rebasados. Relató que el 15 de abril de 2011 tuvieron que expresar un hasta aquí ante los abusos de criminales que acabaron con más de 10 mil hectáreas de bosque.

Los desaparecidos y la gente de nuestro pueblo que fue asesinada siguen reclamando justicia y desde aquí le pedimos a nuestros gobernantes que atiendan los casos de desaparecidos y gente ultimada, demandó.

Hoy se instalarán tres mesas de trabajo en las que participarán la presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, y José Luis Castillo, del Comité de Familiares de Niñas y Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asistirán también Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México, y Juan López, del Movimiento de Familiares en Coahuila, así como Mariana Flores, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, y David Peña, defensor de los derechos humanos, entre otros.