ras un largo recorrido en la Cámara de Diputados y el Senado, el pasado viernes 7 de febrero el titular del Ejecutivo federal promulgó finalmente el decreto de reforma que modifica 10 artículos constitucionales en materia de transparencia, con los que se consolidan demandas formuladas de tiempo atrás por un grupo importante de organizaciones civiles y especialistas en la materia.
Son varias las voces que aplauden la reforma y se refieren a ella como un avance histórico en materia legislativa. Sin embargo, lo cierto es que en aras de construir un verdadero y eficaz sistema nacional de rendición de cuentas, en el que principalmente se garantice el derecho que tiene cualquier persona de acceder a la información que generan los gobernantes y funcionarios, con el fin de generar bienestar social y fomentar la participación ciudadana, significa una oportunidad para transformar muchos de los vicios de la gestión pública. Aunque ahora toca poner el acento en su materialización, ya que sobresalen algunos pendientes, incertidumbres y retos.
Señalemos primero algunas de las implicaciones que dicha reforma trae consigo. La autonomía constitucional del órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales incrementará sin duda su margen de acción, pues ya no dependerá directamente de la administración pública federal.
La competencia que se le otorga para revisar las resoluciones de los órganos garantes autónomos de las entidades federativas, brindará igualmente a las personas la posibilidad de que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad se apliquen con firmeza en la resolución de sus solicitudes, escapando con ello a la resistencia estatal y municipal de transparentar sus decisiones. En adelante, no sólo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estarán obligados a rendir cuentas y serán objeto de la competencia del órgano garante, sino también los demás órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos, los sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con el fin de saber en qué se gasta cada peso que reciben.
Las resoluciones que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) emita, serán en adelante también definitivas e inatacables, con la única excepción del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, por supuestos motivos de seguridad nacional. Al Ifai se le incorporarán ahora dos comisionados más, llegando a siete el número de los integrantes del cuerpo colegiado máximo del Instituto, en el que también se procurará la equidad de género, y cuya designación estará abierta a la participación ciudadana, mediante una consulta previa realizada por el Senado. En adelante, el IFAI contará también con un mecanismo de control ciudadano, un Consejo Consultivo cuya conformación está pendiente de definirse en la ley secundaria.
No obstante, para que todo lo anterior se cumpla, es necesario que se disipen dudas respecto a quiénes de las y los comisionados actuales permanecerán en el cargo, una vez que se cumplan los 10 días que el Senado de la República tiene para dar respuesta a quienes presenten su petición formal, y cuyo plazo empezará a correr a partir del próximo lunes. Por otro lado, no se han establecido todavía los procedimientos de designación de los comisionados, y es además imprescindible que en su elección se tome en cuenta el conocimiento probado que tengan con respecto al tema, pues existe el riesgo de que los partidos políticos negocien la designación de los puestos atendiendo a criterios parciales.
Tienen también que definirse con prontitud los procedimientos para acceder a la información de los nuevos sujetos obligados, así como el tratamiento que se dará a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos, como es el caso de las organizaciones civiles, que desde ahora están sujetas al régimen de transparencia. Asimismo, la nueva estructura institucional se seguirá enfrentando a los viejos retos de la rendición de cuentas, como la heterogeneidad de las leyes estatales, que tendrán que iniciar un proceso de armonización con las modificaciones constitucionales y las que se integren a la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Otra de las principales áreas de oportunidad que hay que atender es la promoción del derecho de acceso a la información, ya que allí está la clave para construir una institución que sirva a las personas. Ésta debe estar orientada en dos sentidos. Por un lado hacia las personas en las entidades federativas, zonas rurales y marginadas, porque queda por delante mucho trabajo que hacer para descentralizar el ejercicio de ese derecho. Y, por el otro, con las y los servidores públicos, que desconocen lo que implica el acceso a la información pública como derecho humano. Ello contribuirá a cambiar la lógica gubernamental, que considera a la información pública como propiedad de quienes la generan.
En suma, la construcción de este nuevo Sistema Nacional de Rendición de Cuentas requerirá necesariamente de una participación ciudadana activa, vigilante de las acciones y decisiones que tomen quienes dicen ser sus representantes. Se espera además que las nuevas disposiciones sobre el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales fortalezcan la exigibilidad de otros derechos humanos, y siembren en la práctica las bases para construir una relación distinta entre el Estado y la sociedad.
