Aunque la administración de Enrique Peña Nieto ha mostrado una mayor apertura para discutir con varias organizaciones de diversidad sexual el tema de la conformación del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), este documento aún no se ha dado a conocer, lo que deja ver que en el gobierno todavía no hay el sentido de urgencia que amerita este asunto.

Así lo afirmó Erick Fuentes, director de vinculación del colectivo Agenda LGBT, quien subrayó la necesidad de que la población no heterosexual sea atendida mediante políticas públicas integrales que contemplen aspectos económicos, sociales y culturales, y no sólo programas de atención y prevención de VIH.

Ricardo Sepúlveda (director de políticas públicas en derechos humanos de la subsecretaría de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación) nos dijo que ya está a punto de publicarse el documento, pero ya pasó un año de la administración de Peña Nieto y todavía no ha ocurrido, menos aún con propuestas del sector de la diversidad sexual, lamentó el activista.

A pesar de que la dirección a cargo de este funcionario ha mostrado interés en acercarse a los grupos de la sociedad civil y escuchar sus demandas, dijo Fuentes, seguimos percibiendo una falta de sentido de la urgencia para definir el programa de derechos humanos del actual gobierno, lo cual contrasta con la forma en que se aprobaron vía fast track las llamadas reformas estructurales, como la energética y la educativa.

Al margen de este retraso, apuntó, es encomiable que las autoridades federales estén considerando la posibilidad de incorporar al PNDH diversas propuestas de Agenda LGBT, mediante acciones multidisciplinarias que no sólo tengan que ver con programas de salud, VIH y preservativos, que son aspectos incluso un poco trillados respecto a la diversidad sexual.

Además de lo anterior, explicó, es de gran importancia que el gobierno reconozca el peso de dicho sector –que significa alrededor de 10 por ciento de la población total del país– y diseñe un programa ambicioso y agresivo donde se incluyan aspectos económicos y sociales.

Entre ellos, abundó, se encuentra la necesidad de impulsar pequeñas y medianas empresas para consumidores gays, crear programas de atención a adultos mayores que estén al final de su vida laboral, generar esquemas de promoción del deporte y diseñar un protocolo único de actuación para combatir los crímenes de odio por homofobia.

Se deben abarcar en razón del peso que tienen poblaciones del sector LGBT (lésbico, gay, bisexual y transexual), y no sólo tener una beca o un programita aislado para calmar a la gente. Vemos una actitud razonable y prudente de este gobierno, pero necesitan apurarse. Ya no hay explicación para esta tardanza y nos preocupa la lentitud de la autoridad.