El coordinador petista en el Senado, Manuel Bartlett, planteó exigir al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que inicie la averiguación previa sobre la denuncia contra el presidente Enrique Peña Nieto por traición a la patria que promovió en días pasados el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Bartlett recalcó que ese delito se configura, ya que la reforma energética que el Ejecutivo impulsó responde a los intereses de Estados Unidos y significa entregar el petróleo y la electricidad a intereses extranjeros.

Demandó que el Senado intervenga con el fin de señalar al titular de la PGR que la sociedad está pendiente del cumplimiento de sus obligaciones.

Desde la tribuna subrayó: dada la trascendencia para la nación de las imputaciones relacionadas con la reforma energética, la procuraduría debería consignar el momento procesal oportuno ante las autoridades competentes e informar permanentemente a los denunciantes y a la sociedad del curso de sus investigaciones.

Daño a la soberanía

Reiteró que la reforma constitucional en materia energética que promovió Peña Nieto se realizó a instancias del exterior para beneficiar a las grandes empresas trasnacionales de energía, en detrimento de nuestra soberanía política y económica.

Dicha enmienda, insistió, garantiza no sólo las inversiones y los negocios de los particulares extranjeros, sino explícitamente la seguridad energética de América del Norte.

Aseveró que se entregarán recursos naturales estratégicos del subsuelo y bloques de territorio nacional al extranjero, en perjuicio de la nación y de la soberanía, hechos constitutivos de traición a la patria, los que se acreditan con suficiencia en la denuncia formulada por López Obrador y otros ciudadanos.

Apuntó que en el sistema constitucional mexicano el presidente de la República tiene un régimen de responsabilidades específico, diferente al resto de los servidores públicos federales, estatales y municipales del país y, desde luego, diferente al resto de los ciudadanos.

Así, dijo, el segundo párrafo del artículo 108 de la Carta Magna señala que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es un precepto constitucional vivo, aplicable, no es una inserción ociosa, resaltó.