En ocho años, autoridades de los tres niveles de gobierno han localizado más de 400 fosas clandestinas en el país, y en ellas los restos de más de 4 mil víctimas; sin embargo, solamente la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con una estadística detallada del número de casos en los que participó, los restos identificados, así como una base de datos genéticos.

Las procuradurías locales de 22 de las 24 entidades donde se han localizado fosas clandestinas no han reportado a la Federación cifras precisas del número de restos localizados, como ocurrió en Durango en 2011 y 2012, cuando se encontraron osamentas que pertenecían a más de 350 víctimas de grupos criminales.

En ese expediente, la PGR solamente tuvo participación en 17 casos y existieron denuncias de que la procuraduría duranguense exigió a los presuntos familiares de las personas asesinadas que ellos mismos sufragaran sus exámenes de ADN para poder confrontarlos con los que las autoridades obtenían de los restos localizados, ya que muchas evidencias fueron extraídas con trascabos.

Información de la Procuraduría General de la República refiere que en 2006 se localizaron fosas clandestinas en los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, y que en esos sitios se hallaron los restos de 37 personas; la Dirección de Servicios Periciales de la PGR coadyuvó en la identificación genética, sin que se tenga ningún resultado positivo debido a la falta de muestras para confrontar y en algunos casos por los niveles de descomposición de la evidencia.

En 2007, instancias de la PGR colaboraron con los gobiernos de Aguascalientes, Coahuila y Sonora en la extracción de restos humanos encontrados en fosas clandestinas, ya que en esas entidades se localizaron los restos de 22 personas, y tampoco existió material genético para su cotejo.

Por lo que hace a 2008, el fenómeno de las narcofosas se extendió a otras entidades y se localizaron este tipo de inhumaciones ilegales en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, entidades donde se hallaron los restos de 122 víctimas. En estos casos, la PGR colaboró con autoridades locales en la extracción de las evidencias y osamentas.

Ya en 2009, el gobierno federal ubicó fosas clandestinas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa; Veracruz y Zacatecas, donde se encontraban los restos de 154 personas. Entre 2010 y 2011, las autoridades federales hallaron 287 restos de víctimas que fueron inhumadas de manera ilegal en Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tamaulipas (incluyendo las matanzas de 192 personas, entre ellas migrantes que fueron ejecutados en el municipio de San Fernando), Nuevo León, Sonora, estado de México, Durango, Jalisco y Sinaloa.

La PGR reportó que en 2012 realizó estudios en materia genética a 232 restos localizados en 198 entidades, e indicó que el trabajo de los peritos federales permitió la identificación de 199 personas que fueron inhumadas de manera irregular en Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El año pasado, la dependencia federal realizó 419 estudios de genética y logró identificar a 51 personas. Las fosas clandestinas se localizaron en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Durante este tiempo la Procuraduría General de la República ha colaborado o participado en la identificación genética de mil 273 víctimas que fueron sepultadas en fosas clandestinas y hasta la fecha ha logrado identificar a 142 personas.