e Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, cuando menos, todos los inquilinos de Los Pinos han estado al servicio del gran capital. Unos a grandes zancadas, otros paso a pasito (porque ya no tenían mucho que vender). A lo largo de las últimas tres décadas quienes habitaron la residencia oficial, y las mentes creativas que los rodearon, prácticamente regalaron la infraestructura del Estado –saneada y planchada– a un selecto grupúsculo de empresarios, nacionales y foráneos, que hoy constituyen el verdadero poder tras el trono. Lo que mal que bien el Estado mexicano tardó casi siete décadas en construir y acumular, a los gobiernos neoliberales apenas les llevó tres para desmantelarlo y entregarlo, íntegro, a oligopólicos intereses particulares, con el petróleo como cereza del gran pastel.

Por lo anterior, los seis inquilinos de Los Pinos –uno de ellos en ejercicio– y decenas de funcionarios asociados a sus respectivos gobiernos (la mayoría de ellos hoy al servicio del gran capital) y cientos de diputados y senadores junto con sus partidos políticos, deberían terminar en el banquillo de los acusados y ser enjuiciados política y judicialmente por entregar –envueltos para regalo– los bienes de la nación a intereses particulares y en condiciones verdaderamente oprobiosas, desde Accesorios Tubulares Especiales (la primera oficialmente desincorporada a favor de la CTM, todavía con Fidel Velázquez a la cabeza) hasta el oro negro nacional y la generación de electricidad. Todos.

Sin embargo, como es tradición, de vez en vez la clase política enfoca sus baterías sobre un personaje en específico y una situación concreta –como si fueran la excepción– para alimentar a los espectadores en el coliseo. Así, toca el turno al ahora censurado Ernesto Zedillo, nefasto inquilino de Los Pinos de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, a quien acusan de privatizar inexplicablemente la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México, algo que por lo demás sucedió casi cuatro lustros atrás y nadie, al parecer, lo había registrado.

La información dice así: “la defensa pública de los intereses de la trasnacional Kansas City Southern, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León, dio pie al repudio de diputados del PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes demandaron juicio político contra el ex presidente, porque abrió ‘la inexplicable privatización del sistema ferroviario de México, a un risible costo de mil 400 millones de dólares’. Manuel Añorve, Ricardo Monreal, Jaime Bonilla y Roberto López Suárez coincidieron en afirmar que la participación del ex presidente como administrador de una de las empresas ferroviarias, que tienen en concesión la mitad del territorio nacional, constituye un acto inmoral frente a la historia.

“Deberá castigársele, apuntaron, porque defendió el interés privado por encima de los bienes nacionales, cuando su responsabilidad se fundamentaba, constitucionalmente, en proteger los recursos del pueblo de México. Los legisladores anunciaron que promoverán ante el Ministerio Público Federal el inicio de una investigación que esclarezca si Ernesto Zedillo, siendo presidente, incurrió en una violación de la norma fundamental al pactar con la empresa ser socio y administrador de una compañía favorecida por él cuando desempeñaba su cargo público. ‘Es evidente que Ernesto Zedillo se convirtió en encubridor de una empresa trasnacional, y es evidente que no defendió los intereses de la nación. Su participación en esta campaña ofende, porque no se afecta a los concesionarios. Se está abriendo la competencia’” (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Sorpresivamente, los legisladores se dieron cuenta del chanchullo… casi cuatro lustros después, porque el proceso de traspaso de los ferrocarriles nacionales a intereses particulares comenzó en enero de 1995, cuando Zedillo envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para reformar el 28 constitucional y así liquidar a Ferronales y privatizar, vía concesiones, el manejo y usufructo de tal sistema de transporte (cualquier similitud con el petróleo y la electricidad desde luego que no es coincidencia). Por cierto, en aquella ocasión los legisladores, mayoritariamente del PRI, no sólo aprobaron tal reforma, sino que le aplaudieron al susodicho.

¿Y qué pasó con la reforma? Lo mismo que sucedió con otras reformas privatizadoras. Los bienes de la nación quedaron en unas cuantas manos (entre ellas las de Germán Larrea, el de Pasta de Conchos), para que pocos años después entre ellas negociaran para que fueran aún menos los propietarios, es decir del monopolio de Estado (constitucionalmente legal) se pasó al monopolio privado (constitucionalmente ilegal) o en el mejor de los casos al duopolio. Y sí, Zedillo aceptó el hueso que le ofreció una de las trasnacionales beneficiadas con dicha privatización, pero desde el momento mismo de dejar Los Pinos, a finales del año 2000. ¿Entonces, dónde estaban los legisladores que en todo ese tiempo no se dieron cuenta y sólo hasta hoy denuncian el hecho?

Lo anterior, porque no sólo fue una entrega más de los bienes de la nación al citado grupúsculo, sino que para efectos nacionales fue una verdadera desgracia. Ejemplos sobran, pero suficientes son los siguientes: entre 1996 y 2011 (ya cedidos los ferrocarriles a manos privadas) la longitud de vía apenas se incrementó a razón promedio de 6.2 kilómetros por año (105 kilómetros en el período); el número de locomotoras activas decreció 6.2 por ciento; la plantilla laboral se desplomó 67.5 por ciento, y 97 por ciento el número de pasajeros transportados.

Compárense esos resultados con las justificaciones utilizadas por Zedillo a la hora de privatizar: “la escasez de recursos públicos imposibilita al Estado realizar las inversiones inaplazables que requiere la modernización de los ferrocarriles mexicanos, a fin de hacer de esta actividad un instrumento de promoción del desarrollo… la necesidad de ampliar el acceso a la creatividad y energía de los particulares en el desarrollo económico nacional para que permitan al Estado concentrar mayores acciones y recursos en el cumplimiento de sus objetivos básicos… La convicción de que no necesariamente un Estado propietario ejerce una más eficaz rectoría sobre la actividad ferroviaria”.

El problema es que no sólo fue Zedillo ni exclusivamente los ferrocarriles.

Las rebanadas del pastel

Entonces, juicio político y judicial a todos, y si quieren comiencen con Zedillo, para darles gusto, pero sigan con los todos demás, incluidos los diputados y senadores que legalizaron, legalizan, los atracos a la nación. Lo demás es circo.

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