n el número 153 de la publicación electrónica del PDPR-EPR, El Insurgente (febrero, 2014), esta organización armada publica un artículo titulado Militarización y paramilitarización en Michoacán: expresión del Estado policiaco-militar y la guerra contra el pueblo (pp. 7-10), en el que fija su posición con respecto a lo que está ocurriendo en esa entidad de la República. El EPR sostiene que “de la mano con el nuevo proceso de acumulación y centralización del capital y en contubernio con la actual junta administrativa, se ha puesto en marcha una ‘nueva’ modalidad, el paramilitarismo ramplón imperialista, que consiste en pertrechar militarmente a mercenarios para hacerlos pasar como defensores de las causas populares, tal cual ha estado sucediendo en Medio Oriente y norte de África, Egipto, Libia y Siria”.

Esta paramilitarización –según el EPR– forma parte de una estrategia y táctica impulsada –de manera directa o indirecta mediante distintas modalidades– por el imperialismo estadunidense, en la que por un lado auspicia y fomenta el narcotráfico, por conducto de la DEA y otras agencias especializadas, como fuente de financiamiento de sus guerras de rapiña, y por el otro, capacita, apoya, asesora y, de paso, toma el control de las fuerzas armadas mexicanas, generando el escenario para justificar la militarización y la puesta en práctica de una ofensiva, desde el Estado, para generar terror a través de una limpieza social que se expresa en miles de asesinados, desaparecidos, desplazados, torturados, violando todo tipo de derecho constitucional y humano.

Este es el contexto en el que el EPR sitúa el surgimiento de los grupos de autodefensa o guardias comunitarios, considerándolos en este documento, indistintamente, como paramilitares, los que el despliegue mediático presenta como una fuerza insurgente que nace de la necesidad de autodefenderse.

Aunque no se ofrece una definición precisa de paramilitarismo, en el texto de la organización político-militar se exponen algunos elementos para su caracterización, con los que coincido plenamente: en primer término, su relación estrecha con el Estado en su origen, formación y apoyo logístico-operativo y, sobre todo, como parte de una estrategia estatal, las más de las veces encubierta. En segundo término, estoy de acuerdo con encuadrar el paramilitarismo como una táctica de los manuales de contrainsurgencia, de hecho, de casi todos los ejércitos del mundo, incluyendo el mexicano. Ya en otro escrito, Paramilitarismo y contrainsurgencia en México: una historia necesaria ( En el Volcán, febrero de 2013, número 18: www.enelvolcan.com), relacionaba este fenómeno con los manuales de guerra irregular o contrainsurgente de la Sedena y definía a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia.

El EPR afirma tener información de primera mano sobre lo que ocurre en esa entidad federativa para apoyar sus tesis, dado su desempeño como militantes y combatientes organizados y estructurados en formas tácticas y estratégicas de organización clandestina, que permiten conocer de viva voz los hechos. Describe que Michoacán, y en particular las regiones de Tierra Caliente cuyo epicentro es Apatzingán, la costa, el macizo montañoso de la Sierra Madre del Sur que se extiende por Guerrero hasta Oaxaca, son tierras fértiles, con reservas probadas en minerales, ricas en recursos naturales, y cuya ubicación geoestratégica constituye un botín en disputa, codiciado por la oligarquía imperialista, es una zona minera y el puerto Lázaro Cárdenas es de carácter estratégico por su ubicación geográfica y flujo comercial, uno de los puertos más importantes de América Latina.

Aporta el artículo referido pruebas adicionales para la comprobación de la hipótesis del fenómeno paramilitar que representan los grupos de autodefensa, que remiten a su legalización e institucionalización con el acuerdo firmado el 27 de enero, y podrían añadirse las declaraciones de algunos de sus voceros en esa dirección y los operativos conjuntos realizados por autodefensas con las fuerzas armadas y la Policía Federal.

Resulta por demás importante la perspectiva planteada por el EPR en este documento. Coincidiendo con los planteamientos generales expuestos en lo que considero su esencia, observo, no obstante, una diferencia que se refiere a la inclusión de todos los grupos de civiles armados dentro de una sola categoría, lo que no da margen para los matices y las diferencias de una realidad social siempre compleja y dinámica, como la que ha expuesto Luis Hernández Navarro en varias de sus contribuciones recientes sobre el tema en nuestro periódico, en las que se ofrecen las aristas analíticas necesarias para distinguir esfuerzos de una genuina autodefensa que desde las comunidades indígenas y no indígenas se niega a caer bajo el control y la manipulación del Estado y los grupos oligárquicos y, en consecuencia, no pueden ser considerados paramilitares. El propio EPR, en otro comunicado del 11 de febrero, hace esta distinción cualitativa al reconocer a las auténticas guardias comunitarias y grupos de autodefensa en Michoacán, e incluso se dirige a los grupos con estas características que existen en otros estados de la República, y les hace un llamado a continuar con la autodefensa sin permitir ser utilizados por caciques o empresarios o trasnacionales, ni partidos ni la administración federal y su Ejército y Marina así como ni de sus cuerpos policiacos.