El presidente Enrique Peña Nieto interpuso ayer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el juez que negó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para resolver en torno a la retransmisión gratuita de los contenidos de la televisión abierta en la televisión de paga.

En conferencia de prensa, el vocero Eduardo Sánchez y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, señalaron al juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, de haber invadido facultades constitucionales para resolver sobre el también llamado must carry y must offer.

La Constitución, indicaron, señala que corresponde al Ifetel resolver sobre la retransmisión de contenidos, y no a un juez local, quien al notificar al instituto que carece de competencia en dicha materia, debido a posibles violaciones al derecho de autor, invade las facultades que a la Federación le otorga la Carta Magna.

Antes de este anuncio el Ifetel difundió haber solicitado la intervención del titular del Poder Ejecutivo en este caso, al considerar que la resolución del juzgador interfiere en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y por tanto afecta la competencia de la Federación, pues de acuerdo con la Carta Magna le corresponde resolver los diferendos en materia de retransmisión de contenidos.

Se trata de la primera controversia constitucional interpuesta por el presidente Peña Nieto.

Castillejos Cervantes añadió que se solicitará a la SCJN dar atención prioritaria a este tema. Se promueve con base en varios precedentes que ha emitido la Corte, los cuales le dan legitimación al Presidente para salir en defensa de las facultades de la Federación aun cuando estén conferidas a otro poder o a otro órgano, como es el caso del Ifetel.

Aclaró también que el must carry y el must offer mantienen su aplicación, pues no existe ninguna decisión judicial de suspenderlos. La resolución del juez Mejía Galán, dijo el asesor jurídico del presidente Peña, sólo afectaba la posibilidad del instituto de emitir los lineamientos, al marcarle falta de competencia en lo relacionado con los derechos de autor.

Dentro de la argumentación utilizada por la Presidencia para proceder ante el Poder Judicial, también se menciona que la SCJN ha señalado que en casos excepcionales como éste procede la controversia constitucional en contra de actos judiciales, si es el caso de que se invada competencias de la Federación.

En la controversia, la Presidencia señaló como tercero interesado al Ifetel, para la defensa de sus facultades establecidas en la reforma constitucional de telecomunicaciones.

Al difundir su solicitud de intervención al Ejecutivo federal, el instituto expuso su imposibilidad de proceder, pues legalmente sólo puede demandar a otros órganos o poderes de la Unión, pero no a un órgano o autoridad local.

Además, el Ifetel fincó su petición en defensa de los intereses de la Federación y a la espera, por esa vía, que la SCJN confirme las plenas facultades que tiene como regulador para resolver sobre el must carry y must offer.

El antecedente de la decisión fue el oficio enviado por el juez Mejía Galván al Ifetel, donde le marca que carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales 2, 4, 5 y 9 de Televisa así como sus respectivos canales espejo o adicionales de televisión digital terrestre (TDT), 48, 49, 50 y 44.

El texto del juzgador fue difundido por la empresa Dish, que forma parte del litigio 1653/2011 promovido en su contra por Televisa y Televimex. Ahí se indica que corresponde a este juzgador dilucidar los derechos autorales y patrimoniales sometidos por Televisa a litigio, empresa que se encuentra vinculada con los derechos de autor que deriven de la programación de televisión que en dichos canales se transmiten.