Diputados locales y federales del PRD entregaron a la ALDF dos iniciativas para regular el consumo de la mariguana en la ciudad de México.

Una de ellas, del ámbito local, plantea tolerar la existencia de espacios para el abastecimiento seguro de esta sustancia; crear comisiones de disuasión y un sistema para la reducción de riesgos y daños. Establece además dar baja prioridad a la persecución de delitos contra la salud relacionados con la cannabis y fija mecanismos de actuación del Ministerio Público para estos casos.

La otra iniciativa, dirigida al Congreso de la Unión, consta de cuatro componentes centrales, mediante los cuales se pide a la Federación que se modifiquen los montos permitidos de consumo de mariguana y otras drogas, como opio, heroína y cocaína, entre otras; que no sólo la posesión y la distribución, sino el cultivo, pasen a ser competencia de las entidades federativas; que exista mayor control sanitario y que la cannabis pueda ser prescrita con fines medicinales.

En el caso de la mariguana, se plantea aumentar la dosis máxima de consumo personal e inmediato permitida de cinco a 30 gramos; el opio, de dos a cuatro gramos; cocaína, de 500 miligramos a dos gramos, y metanfetaminas, de 40 a 80 miligramos.

La iniciativa local Reducción de riesgos y daños en el aprovisionamiento y uso de la cannabis, que presentaron los diputados locales del PRD Vidal Llerenas y Esthela Damian en la ALDF, prevé que, “para el caso del abastecimiento de cannabis, las medidas mínimas de reducción de riesgos y daños incluyan la separación estricta de mercados; que la venta se realice exclusivamente en lugares designados por la autoridad como espacios para el abastecimiento seguro; que el producto no esté adulterado y que el suministrador de la sustancia provea información adecuada y suficiente sobre los daños posibles del consumo”.

Sobre los espacios de abastecimiento seguro, el proyecto plantea la creación del sistema para la reducción de riesgos y daños en el aprovisionamiento y uso de sustancias sicoactivas ilícitas, que estaría a cargo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la ciudad de México (IAPA).

Éste tendría a su cargo la supervisión y regulación de dichos establecimientos con un mecanismo de semáforos para la reducción de riesgos y daños que permitirán a la ciudadanía saber si en un caso particular se cumplen con las medidas mínimas de reducción de riesgos y daños.

La dirección de comunicación social de la Asamblea Legislativa modificó el horario agendado para dar a conocer la propuesta a la prensa mexicana, dando prioridad a los medios de comunicación extranjeros.

Por la tarde, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, informó que entregó las dos iniciativas a Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República.