Por un solo voto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso promovido por el ex panista, Manuel J. Clouthier, para que el Congreso de la Unión legisle sobre candidaturas independientes. Con el argumento del sobreseimiento, la mayoría de los magistrados consideraron que con la reforma constitucional el tema de regular las candidaturas independientes está incorporado y en su momento procederá en consecuencia.

El recurso promovido por Manuel J. Clouthier, que anticipa su decisión de postularse como candidato independiente en Sinaloa para los comicios federales de 2015, advierte sobre el incumplimiento del Congreso en regular estas candidaturas.

La impugnación dividió a los magistrados entre quienes respaldaron el proyecto de Salvador Nava, para quien estaban fundados los agravios, por lo que el Congreso estaba en falta al no cumplir los plazos para regularlas. Por ello, la ponencia mandataba al Congreso a realizar las acciones necesarias para garantizar las candidaturas independientes.

Durante su intervención, Nava cuestionó que en los términos actuales, el Congreso no daba certeza jurídica a los candidatos independientes ni les ofrece seguridad de postularse para el proceso que viene cuando sus plazos ya vencieron. Si el Estado ha reconocido las candidaturas independientes debe hacer lo posible por cumplir con este derecho, dijo Nava.

En respaldo de su postura hablaron María del Carmen Alanís y Constancio Carrasco. Este último aseguró: Lo que hacemos es que a partir de una afectación al interés jurídico estamos deteniendo las consecuencias jurídicas de la inactividad de legislar.

Los magistrados Manuel González Oropeza y Pedro Penagos encabezaron los argumentos contra el proyecto por considerar que Clouthier carecía de interés jurídico por el momento, para impugnar ahora la falta de regulación del Congreso: lo tendría en el momento de registrarse como candidato. Para el magistrado Flavio Galván, debía sobreseerse el recurso ya que con la aprobación de la nueva reforma, el Congreso se fija un nuevo plazo para aprobar todas las disposiciones pendientes. Este argumento fue respaldado por el presidente Alejandro Luna Ramos y fue el que se impuso.