Pese a tener nuevo presidente, la libertad de prensa siguió viviendo un clima de peligro en México, señala el informe anual del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) sobre las tendencias en la libertad de expresión y acceso a la información observadas durante 2013, divulgado ayer.

En el capítulo dedicado a México, el CPJ indica que “la prensa continuó siendo blanco de la violencia, mientras cárteles de la droga se enfrentaban entre sí y contra las fuerzas de seguridad pública y del Ejército en todo el país. Medios de prensa fueron atacados, organizaciones de libertad de expresión fueron amenazadas y periodistas fueron secuestrados”.

Además, el CPJ exigió ayer a las autoridades mexicanas encontrar y enjuiciar a los asesinos del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, e indicó que periodistas locales han denunciado ante el organismo que las autoridades descartaron con celeridad el trabajo de Jiménez de la Cruz como motivo para asesinarlo.

En su informe Ataques a la Prensa, el CPJ precisó que al menos tres periodistas murieron en México en el cumplimiento de su labor en 2013 en circunstancias no aclaradas. Ante tanta violencia, los medios de prensa se han convertido en zonas controladas por los cárteles de la droga y optan por la autocensura.

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó la aprobación definitiva a una medida adoptada al final del mandato de su antecesor, Felipe Calderón, que concede a las autoridades federales una jurisdicción más amplia para investigar delitos contra la libertad de expresión, la fiscalía especial designada para estas investigaciones se demoró en el ejercicio de sus nuevos poderes, indica el informe.

Agrega que fue en agosto de 2013 cuando el fiscal especial se hizo cargo de su primer caso, sin que a finales del año hubiesen avanzado las investigaciones, pues hasta la fecha no existen acusados o procesados por el asesinato a periodistas.

El CPJ documentó al menos dos investigaciones malogradas sobre ataques contra periodistas que dejaron un muerto y un herido. Irregularidades en el proceso contra un sujeto condenado en abril de 2013 por el asesinato, en 2012, de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, ya que dos meses después la sentencia fue anulada. En septiembre, un juez desestimó las acusaciones contra uno de los supuestos implicados en el intento de asesinato del director de la revista Zeta, J. Jesús Blancornelas, ocurrido en 1997.

Asimismo, el informe señala que medios de prensa fueron atacados, organizaciones de libertad de prensa recibieron amenazas y hubo periodistas secuestrados, además de los tres asesinados el último año.

Esto provocó que diarios en zonas controladas por los cárteles optaran por la autocensura. La edición de Saltillo del diario Zócalo publicó un editorial en el cual precisó que, para proteger a su personal, dejaría de cubrir temas de la delincuencia organizada.

El informe de la CPJ concluye que en 2013 hubo en México dos investigaciones malogradas sobre asesinatos de periodistas, otro desaparecido y tres más que huyeron por amenazas. El país ocupa el séptimo lugar mundial en abusos contra la libertad de prensa.

El texto se puede consultar en http://cpj.org/es/2014/02/ataques-a-la-prensa-en-2013-mexico.php