León, Gto., 12 de febrero.

Unos 80 curtidores se enfrentaron a 40 granaderos para evitar la clausura del drenaje de una tenería ubicada en la colonia Anaya, que contamina el agua con cromo y sulfuro.

El sistema de agua potable y alcantarillado de León (Sapal) ha clausurado los drenajes de 10 de 100 curtidurías que aún laboran con procesos húmedos, que desde hace 20 años envenenan el agua de la ciudad y el río Turbio. Al menos otras 400 tenerías operan en León con procesos no contaminantes.

De acuerdo con el director de aguas, Enrique Torres, los empresarios descargan entre 700 y 900 partes por millón de cromo y sulfuro, cuando el límite es de sólo 0.5 partes.

Después de la confrontación, que estuvo a punto de llegar a la violencia, fueron detenidos tres trabajadores y el resto marcharon a presidencia municipal, donde protestaron por la afectación a su fuente de empleo.

No se dan cuenta de que tenemos compromisos económicos, dicen que estamos contaminando, pero con el agua que tiramos podemos regar las plantas, argumentó uno de los manifestantes.

Los dos accesos al palacio municipal fueron cercados por decenas de policías.

Mientras, en una sala de la alcaldía, integrantes de la Asociación de Industriales de la Curtiduría (Adicur) y el presidente de esa agrupación, José Rodolfo Rodríguez Martínez, dialogaron con la presidenta municipal, Bárbara Botello Santibáñez; con el secretario del ayuntamiento, Martín Ortiz García, y con el titular de Sapal.

Nadie se ha muerto en 500 años por las descargas de la industria curtidora, argumentó el empresario, quien solicitó que se extiendan los plazos para reducir las descargas de cromo y sulfuro al drenaje de la ciudad.

Se recordó que hace dos años los curtidores firmaron un convenio con el ex alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla para reducir paulatinamente las descargas de contaminantes. La autoridad y los empresarios se acusaron mutuamente de incumplir.

Rodríguez Martínez sostuvo que la administración no permitió que representantes de la Adicur estuvieran presentes en los muestreos de las descargas que se hacían cada mes. El director de aguas replicó que los curtidores tenían hasta el 31 de diciembre de 2013 para modificar sus procesos o respetar los límites de descarga de contaminantes.

Al final se acordó que los curtidores presentarán al ayuntamiento un proyecto de reubicación y que la dirección de economía municipal pondrá a disposición de los empleados una bolsa de trabajo.